El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó el análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado mexicano por la violación de los derechos de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas por militares en el estado de Guerrero en 2002.

El proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, plantea, entre otros aspectos, que el fuero militar no opere bajo ninguna circunstancia en situaciones que vulneren los derechos humanos de civiles, como es el caso de la violación sexual, ya que dicha conducta no tiene relación alguna con la disciplina o misión castrense, y que los jueces están obligados a llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad (es decir, que puedan no aplicar leyes contrarias a la Carta Magna).

Además, el proyecto propone que el Poder Judicial de la Federación aplique medidas administrativas derivadas de la sentencia de la CIDH que condenó al Estado mexicano, el 31 de agosto de 2010, por la violación del derecho a la integridad personal de las víctimas y por incumplir su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Si bien en las primeras votaciones de ayer hubo consenso respecto de la obligación del Estado mexicano de cumplir las sentencias de la CIDH, comenzó a formarse un bloque conservador –encabezado por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales y secundado por Eduardo Medina Mora, entre otros– para que la SCJN no asuma la obligación de cumplir las sentencias del organismo interamericano si éste no lo precisa en su resolución.

La discusión continuará este jueves.

Por su parte, María Luisa Aguilar, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó la importancia de la discusión iniciada en la SCJN, ya que el debate puede generar desarrollos interpretativos en otros casos relacionados con tortura sexual y la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad.

Subrayó que para diversas organizaciones de la sociedad civil es muy preocupante que en el máximo tribunal se intente revivir una discusión ya superada acerca de si las sentencias de la CIDH son de cumplimiento obligatorio.

Esta tendencia, que se ha reforzado desde el arribo a la SCJN de Eduardo Medina Mora, significaría una regresión en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que ya se había logrado que el Poder Judicial emitiera varios fallos positivos en temas como el de limitar el fuero castrense, señaló la abogada Aguilar.