La presidencia de la Cámara de Diputados recibió el informe final de la investigación sobre el homicidio de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, en el cual se sostiene que hubo uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El documento, elaborado por la comisión especial legislativa que encabeza Elena Tapia, del PRD, también señala que en las pesquisas se encontró que 12 personas fueron privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales.

Al escuchar que el documento fue recibido por la mesa directiva, diputados de Morena y PRD exigieron al presidente de la Cámara, Tomás Torres Mercado, que se le diera lectura.

El procedimiento legislativo señala que al darse a conocer la recepción de una iniciativa o informe se procesará en la Junta de Coordinación Política y después se someterá al escrutinio del pleno.

Manuel Huerta, de Morena, señaló que el informe de la comisión es muy profesional, muy fuerte y, por tanto, no puede dejarse de discutir en el orden del día, y solicitó al presidente de la Cámara que se abra la posibilidad de que los grupos parlamentarios fijen opinión en torno a esto que por desgracia ocurre en el país.

Torres Mercado respondió: debo señalar que todavía no hemos abordado este informe, que está incluido en el orden del día, y reglamentariamente lo que corresponde es dar por enterada a la asamblea y ese sería el despacho que esta presidencia ordene.

En su turno, Loretta Ortiz Ahlf, de Morena, indicó que el informe fue avalado por consenso y “llama la atención que no pudiéramos hacer uso de la tribuna para precisar algunas cuestiones de este informe fundamental, porque está de por medio la comisión de un crimen de lesa humanidad.

Si en el caso del Metro se les permitió participar y utilizaron la tribuna, y (dado) que no son comparables los hechos, me llamaría muchísimo la atención que para un crimen de lesa humanidad, donde hubo 22 ejecutados, no pudiéramos hacer uso de la tribuna.

El diputado Torres Mercado replicó: “no obliguen a esta presidencia a que anticipemos el trámite, como está considerado. Les ruego su comprensión–ustedes mismos lo han planteado– con el fin de atender el orden del día con la prioridad que la propia asamblea reclama”.

María Luisa María Alcalde, de Morena, señaló: me parece evidente y muy importante que todo esto se aclare; el gobierno federal tiene que decirnos exactamente qué pasó, porque si no es un caso más, como el caso Ayotzinapa, y la violencia que estamos viviendo todos los días y que se respira diariamente es impresionante.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, solicitó la palabra y auxilió al presidente de la mesa directiva al pedir, de manera muy atenta, que podamos continuar con el orden del día. No es posible que teniendo enlistados temas muy importantes cada quien quiera poner los temas de su agenda personal.

Aleyda Alavez, del PRD, dijo que la posición de Tomás Torres no entra en la dinámica legislativa, pues las comisiones de trabajo, investigación o especiales, al concluir (su tarea) no sólo dan cuenta al pleno, sino también se comunica a todos los poderes. Más aún cuando en este caso encontramos la negativa del Ejecutivo federal y del Ejército a brindar la información necesaria para aclarar un crimen de lesa humanidad.

Finalmente la mesa directiva se dio por enterada del informe y lo envió a la Junta de Coordinación Política sin que prosperara la intención de darle lectura en el pleno.