El Senado avaló anoche el Sistema Nacional Anticorrupción, reforma a 14 artículos de la Constitución encaminada a combatir y sancionar ‘‘uno de los males endémicos del país’’, pero que, a juicio de la oposición, deja pendientes importantes, sobre todo eliminar el fuero del presidente de la República y de los demás servidores públicos.

La minuta se aprobó en lo general con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, y cerca de la medianoche se aprobó también en lo particular, luego de que se rechazaron los cambios a 16 artículos, entre ellos el 108 de la Carta Magna sobre la inmunidad del Ejecutivo federal. Pasó a los congresos de los estados para continuar con el trabajo del constituyente.

Aunque el acuerdo entre los coordinadores de ambas cámaras fue aprobar la minuta sin cambio alguno, para que no tuviera que regresar a la Cámara de Diputados, durante la discusión de ayer panistas, perredistas y petistas intentaron modificarla e insistieron en que ese Sistema Nacional Anticorrupción tiene serios vacíos e insuficiencias.

En tribuna, los presidentes de tres de las comisiones dictaminadoras, los priístas Cristina Díaz y Enrique Burgos, así como el senador del PVEM Pablo Escudero, resaltaron que se sientan las bases para frenar la corrupción al ‘‘dar dientes’’ vía mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que podrá fiscalizar en tiempo real el uso de los recursos públicos y sancionar las faltas administrativas graves.

En contraparte, senadores de PAN, PRD y PT advirtieron que, aunque se trata de un avance para castigar a los funcionarios que se enriquecen con los recursos que son de todos los mexicanos, la reforma se queda corta. ‘‘Es muy chiquita’’, sostuvo la senadora perredista Dolores Padierna, mientras que el panista Javier Corral dijo que el mantener el fuero presidencial responde a ‘‘un pacto de impunidad entre sectores’’ y advirtió que se trata de reformas sólo en el ámbito administrativo, no penal.

La legisladora del PRI Graciela Ortiz pidió ‘‘no ver la paja en el ojo ajeno’’ e hizo notar que las nuevas facultades de la ASF permitirán revisar ejercicios anteriores, entre ellos el del Gobierno del Distrito Federal por la línea 12 del Metro.

Sin embargo, el panista Ernesto Cordero sostuvo que no sólo el presidente de la República queda exento, ya que tampoco se podrá sancionar a los gobernadores y presidentes municipales corruptos, ni se eliminarán los llamados moches.

‘‘Nos estamos quedando cortos y chatos ante el abuso y corrupción en el Legislativo’’, insistió el ex secretario de Hacienda. Señaló que de manera discrecional del ramo 23 del presupuesto los diputados se asignan 21 mil millones de pesos y se genera un mercado corruptor entre presidentes municipales y gobernadores, recalcó.

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, pidió que de inmediato se comience a dictaminar la minuta para reformar el artículo 108 constitucional, ya que el fuero de los servidores públicos ‘‘en lugar de inmunidad permite la impunidad’’, dijo.

‘‘El escándalo de la llamada Casa Blanca es percibido por los mexicanos como un abuso que quedará sin sanción, como la Colina del Perro, de José López Portillo’’, señaló por su parte Armando Ríos Piter (PRD).

El coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, recordó que el tema anticorrupción fue la primera propuesta de campaña de Enrique Peña y ayer se aprobó con tres años de retraso ‘‘para tratar de lavar su escándalo por la Casa Blanca o los conflictos de intereses en que ha incurrido su administración’’.