or sí mismo y a lo largo de su historia, el partido de las cuatro mentiras (el P4M, autodenominado Partido Verde Ecologista de México) ha acumulado suficientes causales no sólo para la cancelación de su registro como negocio político de corte familiar y grupal, sino incluso para fuertes castigos de índole penal para buena parte de su elenco distintivo, asiduamente involucrado en incidentes relacionados con corrupción, tráfico de influencias, conflicto de intereses e inclusive homicidios y otros hechos de sangre luego denotativos de influyentismo e impunidad.

A sus trapos sucios originales el P4M ha agregado durante el peñismo características profundamente distorsionadoras del funcionamiento del sistema político mexicano, de por sí altamente deficitario, casi en situación terminal por cuanto a legitimidad de la representación popular. Fundado como acto de simulación competitiva y para beneficio de allegados a ese sistema, el citado seudopartido tuvo como primer presidente a Jorge González Torres (hermano de Víctor, el creador del Doctor Simi y dueño de las Farmacias de Similares) y como segundo dirigente al hijo, llamado precisamente Jorge Emilio González Martínez, nieto de Emilio Martínez Manautou, quien fue secretario de la Presidencia de la República, secretario de Salubridad y Asistencia y gobernador de Tamaulipas.

Deplorable y reprobable en esos años de saqueo de las prerrogativas partidistas y de su conversión en fuente de frivolidades escandalosas y de ostentoso desaseo contable, el partido de las cuatro mentiras ha entrado en una fase de máximo peligro político y electoral, oferente sin pudor de sus candidaturas a cargos legislativos para que poderes como los televisivos formen sus bancadas propias y entreguen curules y escaños a parentela y favoritos de los zares de la pantalla duopólica, canal de desahogo de proyectos del priísmo peñista que no encuentran salida natural por la vía de tres colores o que requieren un procesamiento público mediante enmascaramientos ciudadanos o pluripartidistas (un ejemplo cabalgante, el del farandulero gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el primer mandatario estatal verde, aspirante mediante fortunas en propaganda a la candidatura presidencial de 2018 en eventual alianza con el PRI) y, sobre todo, plataforma fraudulenta de lanzamiento a la arena electoral 2015 de las peores armas clásicas del priísmo (el asistencialismo de utilería, la limosna en artículos utilitarios, la propaganda personalizada mediante mal uso del padrón electoral y otras bases de datos, la cascada publicitaria por doquier), con el propósito de ganar a billetazos adelantados (no sólo en el derroche de regalos, promociones y anuncios, sino, sobre todo, en cuanto a la política de lavado de votos que consiste en pagar tantas multas como sea necesario con tal de seguir avanzando rumbo a la consecución de votos provenientes de la inconsciencia política manipulada.

En las condiciones actuales, significado por el juego sucio que hace en favor de Los Pinos (para sumar a fin de cuentas sus logros y dar a EPN mejores condiciones aritméticas en San Lázaro) y convertido artificialmente en opción renovadora (con la intención de mermar el posicionamiento crítico de Morena), el P4M es el peor enemigo de las pretensiones de credibilidad a las que desde niveles muy bajos aspira el actual consejo general del Instituto Nacional Electoral y especialmente su depreciado presidente, Lorenzo Córdova.

Voces diversas pugnan actualmente por la aplicación de las facultades legales para la cancelación del registro de un remedo de partido, el multimencionado P4M, en especial tomando en cuenta la reincidencia escandalosa en conductas que lesionan el proceso electoral. El dizque Verde ha cometido más violaciones a las normas electorales que ningún otro grupo en la historia moderna electoral del país y pareciera decidido a completar un inimaginado abanico de infracciones, atenido groseramente a la opción de pagar y pagar multas sin que las supuestas autoridades electorales se atrevan a poner un alto a la indefendible Banda del Tucán.

Astillas

Convertido en una suerte de vocero personal de Ángel Aguirre Rivero, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, anunció que el todavía gobernador formal de Guerrero solicitará nuevamente licencia al cargo, pues no tiene ninguna intención de hacerse reinstalar en él. Es evidente que el ex priísta Aguirre Rivero ha quedado fuera de foco en la bravía entidad luego del episodio aún en brumas de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala. Sin embargo, hubo amago de que podría estar en su ánimo el retorno a la silla de mando, finta realizada realmente con la intención de dar continuidad al salvoconducto judicial y político que negoció para dejar esa gubernatura sin que le tocaran a él ni a sus familiares, ni en lo político ni en lo económico…

Tuiteó @betoblues: “Apatzingán, Acteal, Ayotzinapa, Aguas Blancas, Atenco… todos con A”, lista a la cual otros tuiteros agregaron Aristegui, y el físico @wlmb (Luis Mochán) advirtió que “luego, cuando acaben con la A, vendrán la B, C, D…” Y, mientras el gobierno federal mantiene la política de esperar que nuevos escándalos hagan olvidar los anteriores, sumiendo en el burocratismo consumidor de tiempo y esperanzas los casos documentados de abusos criminales de poder que son difundidos (el más reciente, el de Apatzingán, donde 16 personas murieron violentamente en un episodio donde los acusados por distintos testigos y evidencias son policías federales), ¡hasta mañana, con los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, organizándose para manifestarse este viernes en el contexto de la visita de una comisión de autoridades federales que se espera impulsen soluciones reales a la cruda situación generalizada de explotación laboral en la zona!

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