El Sistema Nacional Anticorrupción, que se votará el martes en el Senado, tiene avances importantes, pero una deficiencia grave, ya que no toca el fuero del presidente de la República y los demás servidores públicos, advirtieron legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en esa cámara.

Alejandro Encinas y Roberto Gil Zuarth coincidieron en que se debe aprobar también la reforma al artículo 108 –que está pendiente en el Senado– para eliminar el fuero a funcionarios, ya que es una de las causas principales de que actos de corrupción que cometen queden en la impunidad.

Encinas, titular de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, señaló que en el Sistema Nacional Anticorrupción se mantiene un régimen de excepción al Ejecutivo federal, un fuero que impide que el presidente de la República pueda ser objeto de castigo ante un eventual acto de corrupción.

Ello es grave, resaltó, frente a los escándalos recientes, como el de la llamada Casa Blanca de Las Lomas. No se puede mantener un régimen de excepción para el presidente, porque todos los mexicanos deben estar sujetos a las mismas leyes, sin privilegios, dijo.

Por separado, el senador panista Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, comentó que su bancada insistirá en la reforma al fuero constitucional, porque no tendrá caso el nuevo mecanismo anticorrupción si los servidores públicos se amparan en una prerrogativa que por años les ha permitido cometer ilícitos y quedar en la impunidad.

Recalcó que está ya en el Senado la minuta para modificar el artículo 108 constitucional, a fin de definir los marcos de responsabilidad penal, administrativa y política del presidente de la República y eliminar la protección del fuero a todos los servidores públicos.

Por su parte, el senador Encinas comentó que otro faltante en ese Sistema Nacional Anticorrupción es la obligación de los servidores públicos y representantes populares de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Consideró poco probable que sea incluida en la Carta Magna, pero sí en la ley secundaria respectiva.

Encinas estimó que la reforma constitucional que dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción requerirá de 10 o 12 modificaciones a legislaciones secundarias, entre ellas a la de Contabilidad Gubernamental y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.