Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron que los militares involucrados en el caso Tlatlaya sean juzgados de inmediato por tribunales civiles, se finquen responsabilidades a funcionarios y autoridades judiciales que ocultaron o tergiversaron información para proteger al Ejército y que se ponga en marcha un programa de reparación del daño a las víctimas, de las que ni siquiera se han dado a conocer los nombres.

Tratándose del primer caso de ejecución extrajudicial plenamente acreditado y luego de las reformas al Código de Justicia Militar, el juicio debe quedar en manos de la autoridad civil, no de la castrense, sostuvo Alejandro Encinas, integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado.

En entrevista aparte, la senadora Dolores Padierna consideró que las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que investigó el caso Tlatlaya no abona a dilucidar la verdad histórica de los hechos en que 22 personas fueron asesinadas por militares, y persisten muchas dudas, entre ellas por qué actuaron así los militares y por qué elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México alteraron la escena del crimen.

Ambos coincidieron en que los diputados llegaron a las mismas conclusiones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo que sigue es que la justicia civil sancione a los responsables, tanto a los militares como a las autoridades que actuaron con negligencia.

Se debe fincar un precedente a todos los actos de abuso de autoridad, no sólo de las fuerzas armadas y la Marina, sino de todos los cuerpos de seguridad pública, recalcó Encinas.

Consideró fundamental que se dé a conocer no sólo la identidad de los presuntos responsables, sino de las víctimas, porque hasta ahora no hay información.

Padierna agregó que por tratarse de violaciones graves a derechos humanos se debe poner en marcha un programa ejemplar de reparación del daño a las víctimas, que incluya una disculpa pública.

La legisladora lamentó que el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados haya enviado copias de sus conclusiones al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, quien, junto con su procurador deberían ser sujetos de responsabilidades.