odos desearíamos escuchar buenas noticias relacionadas con los problemas que cotidianamente nos agobian: que se han creado nuevas fuentes de trabajo para esos millones de hombres y mujeres, adultos y jóvenes, a quienes el sistema ha impedido vivir con dignidad; que los salarios se han incrementado y que los mínimos han superado el absurdo monto que el gobierno ha impuesto; que el Senado sacó del cajón las iniciativas de ley sobre el seguro de desempleo y pensión universal; que se han tomado medidas de fondo en favor de la seguridad. Quisiéramos escuchar que Carmen Aristegui regresó junto con su equipo a su espacio radiofónico para brindarnos noticias creíbles; que se atendiera el reclamo de los jornaleros agrícolas de San Quintín, que tan sólo piden respeto a la ley laboral, 200 pesos diarios por una jornada extenuante y el debido respeto a las mujeres; nos daría satisfacción escuchar que el viacrucis de los migrantes centroamericanos fuese acogido con solidaridad y no con obstáculos odiosos y burocráticos de las autoridades migratorias. Buena noticia sería que al Partido Verde se le ha cancelado el registro por burlarse todos los días no sólo de la legislación, sino de la buena fe de la gente.
Es cierto que el pliego petitorio es amplio porque los agravios son muchos, sin embargo, en este mar de desigualdades quisiéramos compartir dos buenas noticias: la primera, es la aprobación de la Ley General de Transparencia. En efecto, la transparencia, por sí misma, no soluciona los problemas, sin embargo, es una condición necesaria para avanzar en el futuro. A pesar de las limitaciones de esta ley, es de reconocer el proceso llevado a cabo para su elaboración, permitiendo la participación de organizaciones de la sociedad civil y especialistas. En el aspecto laboral, después de muchos años de reclamos para lograr conocer los contenidos de los contratos colectivos, incluyendo tabuladores, convenios, actas de asambleas y, en general, los documentos que existen en los registros de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, apoyados en esta nueva ley, cualquier persona podrá solicitar copias de dicha información. También se conocerán los recursos públicos, económicos, en especie, bienes o donativos que reciban los sindicatos y el informe detallado del ejercicio y destino de los mismos. De toda la información, únicamente estarán clasificados como confidenciales los domicilios en los padrones de socios.
En tan sólo dos artículos, 78 y 79, la ley brinda un conjunto de posibilidades de información para que esa tela oscura que encubre a los sindicatos corruptos salga a la luz. Hasta ahora, la máxima resistencia a la transparencia provenía de los gobiernos locales y de grandes sindicatos como el petrolero y del Metro de la ciudad de México, los cuales han venido litigando incansablemente para negar cualquier solicitud de información ciudadana, alegando afectación a su autonomía; ahora tendrán un año para que, sin excusa legal, cualquier interesado acceda a todos los documentos que por ley están obligados a entregar. Se abre así una oportunidad a los trabajadores, la academia, organismos especializados y de derechos humanos, para que escudriñen y den a conocer los datos encubiertos como secreto de Estado.
Una segunda noticia está relacionada con la reforma política del Distrito Federal. Como se sabe, desde hace mucho tiempo se ha buscado que los habitantes de la ciudad capital cuenten con la libertad de decidir temas de gobierno, administración de los recursos y otros derivados de la condición soberana, al igual que otros estados de la República. Según se informa, se ha llegado a un acuerdo partidario para reformar la Carta Magna en este sentido. Sin embargo, sobresalen tres inconformidades.
Un tema que ha generado controversia está relacionado con el dilema de si la nueva Constitución de la ciudad de México debe ser expedida por los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que elegiremos el próximo 7 de junio, o si dicha atribución deberá ser ejercida por un constituyente especial, electo para este fin, proceso en el que no sólo deben participar los partidos, sino también la sociedad en sus distintas expresiones, participación que no se agotaría en la elección misma, sino que implicaría un acompañamiento de todo el proceso. De manera creciente, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se pronuncian por esta segunda opción y discuten ya propuestas de cómo llevar a cabo el diseño de la Constitución local.
Otra inconformidad sobre la reforma política del DF se ha visto vinculada a dos temas de orden laboral. El primero, que provocó gran descontento a escala nacional, es la inclusión de manera clandestina de dos adiciones al apartado B del artículo 123 constitucional, tendientes a cancelar, a los trabajadores de los organismos descentralizados y autónomos de todo el país, sus derechos colectivos, entre ellos el de libre asociación y contratación colectiva. Con dedicación especial, en un sexto transitorio, se lesionan los derechos de los trabajadores al servicio del Gobierno del Distrito Federal. Un tema adicional de corte laboral se refiere al derecho que debe tener la ciudad para contar con su propia legislación burocrática. La minuta que se discute en el Congreso injustificadamente cancela esta prerrogativa que tienen las demás entidades federativas.
La buena noticia es que una amplia red de organizaciones sindicales democráticas, que incluye a la Unión Nacional de Trabajadores, a la Nueva Central de Trabajadores, al organismo aglutinador de los sindicatos universitarios y centros públicos de investigación, así como al Frente Amplio Social Unitario, entre otras, llegaron a un acuerdo con el jefe de Gobierno del Distrito Federal para gestionar de manera conjunta estos tres temas: reivindicar un constituyente ad hoc, facultar a la legislatura local en materia laboral burocrática y suprimir la reforma laboral de contrabando.
Si el Congreso aprueba la reforma política del Distrito Federal en estos términos, se podrá confirmar otra buena noticia.
