Ahorradores defraudados por los dueños de la sociedad financiera popular Ficrea anunciaron este martes que interpondrán un amparo contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer valer una ley que obligaría al Estado a cubrir con fondos públicos los recursos que depositaron en la firma.

Se está solicitando el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se cubra a todos los ahorradores de Ficrea el importe total de las inversiones realizadas hasta el momento en que la firma fue intervenida por las autoridades, anunció Fauzi Hamdan Amad, representante legal de un grupo de ahorradores de la firma financiera.

La CNBV intervino Ficrea el 7 de noviembre pasado, bajo la acusación de ocultar a la autoridad supervisora operaciones con una empresa propiedad de los mismos accionistas y bajo señalamientos de lavado de dinero. Desde entonces, la firma financiera dejó de pagar a los ahorradores. Hasta ahora hay cuatro personas detenidas, pero el principal accionista de la compañía, Rafael Olvera Amezcua, sigue prófugo.

Al momento de la intervención Ficrea había captado recursos de ahorradores por 5 mil 628 millones de pesos. Tenía registrados 6 mil 366 ahorradores y había concedido créditos a 6 mil 724 clientes, de acuerdo con datos de la CNBV.

La decisión de los ahorradores representados por Hamdan Amad de presentar un amparo fue tomada después de que la SHCP se declaró incompetente para atender el reclamo de que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial por la pérdida del patrimonio de los ahorradores de Ficrea.

El 10 de marzo, explicó Hamdan Amad en conferencia de prensa, presentó a nombre de sus representados un escrito en la SHCP en el que reclama la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la que, a su juicio, fue una mala supervisión de la CNBV que abrió la puerta al fraude de los dueños de Ficrea.

La petición fue sustentada en el artículo 113 de la Constitución, que en su segundo párrafo establece: La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Este artículo constitucional está reglamentado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que define que la persona afectada por una irregularidad de la administración pública será indemnizada con la cantidad sujeta a reclamo, los intereses respectivos y el 30 por ciento de la suma de los dos anteriores conceptos por daño moral.

Hamdan Amad explicó que Hacienda, el 17 de marzo, solicitó a los defraudados información que ya está en su poder, como los nombres de los ahorradores, un conducto que consideró producto de la mala fe de la dependencia. No obstante, fueron cumplidos en tiempo los requerimientos de la SHCP.

De manera totalmente ilegal y absurda, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, que depende de la propia SHCP, argumentó el 26 de marzo pasado que Hacienda resultaba incompetente para conocer la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado y ordenó que remitiera el asunto a la CNBV, que es la entidad señalada por los ahorradores de haber fallado en la supervisión de Ficrea, dijo.

En la práctica, la decisión de Hacienda de declararse incompetente abrió la puerta para presentar la demanda de amparo indirecto, en la modalidad de acción colectiva, lo que significa que de su resultado, si es favorable, podrán beneficiarse todos los ahorradores de Ficrea y no sólo los representados por Hamdan, explicó. Nos estamos ahorrando siete u ocho meses, porque ya no tendremos que promover un juicio contencioso administrativo, expuso.

Si obtienen el amparo, los ahorradores deberán recibir el reintegro del total de sus recursos, intereses y el pago de daño moral directamente del presupuesto de la Federación. Hacienda se quedaría como propietaria de los activos de Ficrea, que al ser vendidos servirían para resarcir los recursos públicos empleados, añadió.

La demanda de amparo será presentada este miércoles. Hamdan dijo que espera una resolución favorable en un plazo de cinco meses. Como Hacienda puede inconformarse, el representante legal anticipó que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.