El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) informar el estado que guarda la investigación que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en relación con la distribución de las tarjetas Monex y Soriana, que realizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la contienda presidencial de 2012. La dependencia tiene 10 días hábiles para hacer entrega al solicitante de la información requerida.

De acuerdo con la resolución elaborada por el comisionado Joel Salas y aprobada por el pleno del Ifai, la PGR argumentó su negativa en razón de tratarse de información relacionada con averiguaciones previas que deben mantenerse de forma reservada. Sin embargo, en la resolución se señala que hay una clara diferencia entre informar sobre el estado que guarda una averiguación previa y la información contenida en la referida indagatoria.

Por otro lado, al desahogar el recurso de un particular interpuesto en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), el Ifai ordenó a ese organismo entregar toda la información relacionada con el número de veces que se tomaron las plazas de cobro (casetas) en carreteras del país entre 2011 y el 28 de enero de 2015.

En cuanto a la resolución relacionada con la Fepade, el Ifai senaló que ‘‘el estado que guarda una averiguación previa es un dato distinto a las actuaciones mismas dentro del expediente de aquélla, y por tanto, con dicha información no se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien no implica proporcionar indicios que afectarían el curso de las investigaciones, ya que no refiere a las documentales que obran en la averiguación previa’’. Para el Ifai, en la postura asumida por la PGR para rechazar la solicitud de información ‘‘no se advierte argumento alguno que se relacione con la prevención de delitos, ni este instituto advierte que el revelar el estado en el que se encuentran las indagatorias pueda afectar la prevención’’.

Proporcionar este dato no implica difundir las actuaciones o diligencias que la Fepade está realizando, ‘‘ya que es información generada por la PGR respecto de funciones administrativas que son distintas a las de la investigación y persecución de delitos’’. Por ello, indica, no se actualiza la causal de reserva aducida y se revocó la respuesta de la procuraduría, que ahora está obligada a otorgar la mencionada información.

En cuanto a la petición relacionada con la toma de casetas de cobro de carreteras, se revocó la respuesta de Capufe que argumentó en el sentido de que la apertura de esta información podría dañar el avance de las averiguaciones previas que se iniciaron, ‘‘así como revelar las estrategias de prevención y persecución de este tipo de delitos’’.

Esta argumentación era improdecente, pues del análisis del expediente se desprende que la información requerida no estaba necesariamente en el contenido de las averiguaciones previas referidas, razón por la cual no se advierte que su difusión pudiera incidir negativamente en las investigaciones relacionadas con las tomas de los puntos de cobro en las carreteras.