Cloete, Coah.

Álvaro Jaime Arrellano, primer regidor del ayuntamiento de Sabinas por el Partido del Trabajo (PT), es juez y parte en la extracción ilegal del carbón, se otorga los permisos falsos y labora con una concesión vencida de la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía.

El regidor Álvaro Jaime; el alcalde Lenin Flores; el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, como presidente de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), y otros funcionarios y empresarios, forman parte de una red de corrupción para la extracción ilegal de carbón. Entre todos han fomentado la actividad delictiva. El nombre correcto es delincuencia organizada, dice Rodrigo Olvera, abogado de la organización Familia Pasta de Conchos, quien ha presentado denuncias en materia penal y civil.

La impunidad ha permitido que esta red delictiva extraiga carbón en las casas de los pueblos como este, en donde el estadio de beisbol fue literalmente tragado por el tajo de carbón construido en medio de una zona habitacional: “Han ido sacando carbón de las casas y ahora están destrozando el estadio para sacar ese material con una concesión cuyo título fue cedido al regidor Álvaro Jaime, quien le puso un sellito al documento y asunto arreglado. ¿Cómo es posible que las secretarías de Economía o Hacienda ni siquiera se interesaron por esta cesión gratuita absolutamente irregular?

La población de la zona enfrenta un estado de excepción

Añade: La gente de la zona carbonífera vive en un estado de excepción, porque a esta red delictiva nadie la obliga a cumplir las leyes civiles ni las penales, ni administrativas. Este grupo de hombres de poder que entrelazan cargos políticos y económicos siempre ha hecho lo que les da la gana. El regidor Álvaro Jaime se está robando los bienes de la nación.

Lo que es peor, tanto la concesión Cloete Centro, como El Espulgue Fraccionamiento 1, cedidas al primer regidor Álvaro Jaime, –cuyas copias las tiene La Jornada– fueron suspendidas para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación del carbón, desde 2007. Este funcionario no ha presentado su declaración patrimonial, porque tiene ingresos como empresario: Eso también está prohibido por la ley. Debe renunciar y ser juzgado.

Añade: Aquí los empresarios del carbón son al mismo tiempo funcionarios y políticos. Son propietarios de todo, venden y regalan a su antojo. Actúan con cinismo e impunidad. Es el descaro, porque hacen pocitos de carbón, cuevas y minas a cielo abierto ilegales, incluso en las propias casas de los vecinos. Y no pasa nada. Ninguna dependencia actúa. ¡Es inaudito!, dice el abogado de Pasta de Conchos.

Poco a poco, los habitantes de este pueblo minero fueron siendo víctimas del contubernio de corrupción oficializada y del despojo de sus propiedades.

Esta red de corrupción esta compuesta principalmente por Prodemi, es decir, por el gobernador Rubén Moreira, quien preside este organismo estatal que supuestamente fue creado para evitar el coyotaje, pero se convierte en el coyote mayor. Es un grupo económico pequeño relacionado familiarmente, que se van rotando entre puestos públicos de carácter político y los títulos de concesión para la extracción de carbón, dice el abogado.

Se trata del negocio redondo del robo a la nación, porque el carbón es un recurso natural, dice Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos que la próxima semana abrirá su oficina en este mismo pueblo devastado, símbolo de la voracidad de autoridades y coyotes del carbón.

¿A quién acuden los vecinos afectados? Las autoridades son parte del problema porque son los dueños de la extracción ilegal del carbón. No hay manera de deslindar al primer regidor de Sabina, de su papel de concesionario, ni tampoco del otro concesionario tramposo Servando Guerra, quien trabaja para él y ahora dice ser el dueño de los terrenos de las casas de Cloete.

Los habitantes de los pueblos mineros despojados de sus propiedades han ido organizándose. Hace cuatro años, Auerbach Benavides llegó a esta zona para quedarse y hacer trabajo social desde el lugar donde se ven todo tipo de violaciones de derechos humanos, como la esclavitud laboral, crímenes ecológicos y delitos de todo tipo del orden penal.

Hay un hartazgo de la gente. Los documentos que decían tener autoridades y empresarios no existen o son ilegales o están suspendidos, pero evidentemente no tienen el respaldo legal. Todo lo que ellos nos han dicho es mentira.

Pasta de Conchos ha ido documentando y denunciando los actos ilegales y ante la falta de acción de los gobiernos de los tres niveles, ha exigido la intervención, sin éxito, de las secretarías de Economía, Hacienda o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que compra el carbón ilegal.

La organización civil y los familiares de mineros muertos en minas, pocitos, cuevas y tajos, han ido colocando cruces en cunetas y afuera de las empresas, como símbolo de la impunidad que protege a empresarios del carbón.

Hay cruces que las mismas empresas están pintando de blanco para borrar el nombre del empresario responsable. Ellos no quieren que se sepa, que los carboneros, apoyados por las autoridades en turno, violan los derechos humanos y cometen delitos de todo tipo.

Y añade: Exigimos la renuncia del alcalde Lenin Flores y su primer regidor Álvaro Jaime y del cabildo por completo, porque han cometido abuso de autoridad, han mentido y han amenazado a los vecinos. Ellos son juez y parte y han actuado beneficiándose, violando los derechos de la población.

Pasta de Conchos exige que la Prodemi, dirigida por el gobernador Rubén Moreira transparente la entrega y el uso de códigos que utiliza para comprar carbón, que en ocasiones es ilegal: El gobernador Rubén Moreira sigue permitiendo que se extraiga carbón ilegal, porque después lo compra. Él es parte de todo. ¿Dónde está el dinero de los impuestos que estos empresarios deben pagar y se supone que es para invertir en los pueblos? Ese dinero no ha llegado a los pueblos. Todos están devastados. Aquí hay una deshumanización brutal, porque pusieron el carbón por encima de las personas”.

El abogado Rodrigo Olvera está documentando todos los hechos ilegales que, dice, son constitutivos de delito federal: Exigimos que sea el propio gobierno federal, en representación de los intereses de la nación, quien interponga las acciones legales. El carbón es un recurso de la nación y sólo se puede extraer o explotar bajo el permiso de la concesión.

Estos empresarios coyotes, como Servando Guerra, dice, extraen ilegalmente carbón de las zonas habitacionales. Los vecinos están siendo presionados y amenazados para que entreguen sus terrenos y casas a precios mucho menores de la que marca el registro público de la propiedad.

Aquí se está tipificando el delito de despojo contra Servando Guerra y el regidor Jaime Álvaro como cómplice. Las familias están en absoluta vulnerabilidad, porque la fuerza pública municipal está en manos de este empresario delincuente que además es parte del ayuntamiento, entonces, las familias quedan en absoluta indefensión porque el alcalde sencillamente no actúa para no afectar su negocio.

Por tanto, exige una intervención coordinada del gobierno federal para hacer cumplir la ley, luego de haber interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No sólo está fallando la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía, también la Comisión Nacional del Agua, porque la cuenca microhidrológica ha sido dañada y no han interpuesto una denuncia penal por delitos ecológicos. Tampoco la Semarnat ha actuado a pesar de la afectación al medio ambiente por estos tajos. E incluso falla la Secretaría de Salud que no está haciendo nada por el bienestar físico de los vecinos que padecen la actividad minera ilegal dentro de sus casas.