Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) formaron de nueva cuenta mayoría en el Senado y aprobaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir que agentes de migración y de aduanas de Estados Unidos y otras naciones puedan actuar armados en México.

Por 78 votos a favor, 20 en contra –de perredistas, petistas y de la panista Gabriela Cuevas–, además de dos abstenciones, se aprobó esa reforma menos de dos meses después de que el presidente Enrique Peña Nieto la remitió al Senado.

El debate se prolongó cuatro horas y ahí senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que esa propuesta del Ejecutivo federal está basada en argumentos ‘‘falaces’’, como que se dará impulso al comercio y el turismo, para esconder tras ello la verdadera intención, que es dar respuesta a una vieja demanda de Washington para que sus agentes puedan portar armas en territorio mexicano.

‘‘Es un sometimiento vergonzoso a los intereses de Estados Unidos’’, recalcó el coordinador del PT, Manuel Bartlett, mientras el ex perredista Alejandro Encinas hizo notar que se abre la puerta para que agentes aduanales y de migración del país vecino intervengan también en asuntos de seguridad nacional, lo que vulnera la Constitución.

Bartlett resaltó que se posibilita ‘‘la invasión de todo el territorio nacional por agentes extranjeros armados, lo cual es una absoluta violación a la soberanía nacional’’.

Las senadoras priístas Cristina Díaz y Graciela Ortiz, así como los panistas Fernando Yunes y Héctor Larios, insistieron en que se trata de una ‘‘medida benéfica’’, una nueva regulación que permitirá fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el resto del mundo y mejorar el turismo.

‘‘Debemos ser claros: la presencia de oficiales armados en México en materia de migración o aduanas no implica de manera alguna que vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas de cargo’’, sostuvo la senadora Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Su portación, agregó, se va a encontrar reducida a un espacio territorial. Esto quiere decir, a los recintos oficiales y también a la temporalidad de la licencia del uso del arma colectiva.

‘‘Le tengo más miedo a un policía de Iguala’’: Cordero

En igual sentido se manifestó el senador del PAN Ernesto Cordero. El ex secretario de Hacienda agregó: ‘‘No le tengo miedo a un oficial extranjero que porte sus armas en un recinto aduanal, bajo la estricta supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Le tengo más miedo a un policía municipal de Iguala’’.

Al respecto, la senadora perredista Dolores Padierna le respondió que el artículo 28 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que los agentes extranjeros podrán portar armas en las estaciones migratorias y las agencias aduanales y durante sus traslados, lo que implica que podrán hacerlo en todo el territorio nacional, ya que éstas se ubican no sólo en la frontera, sino en la mayor parte de la República.

Perredistas y petistas insistieron en que es falso lo señalado en el artículo 28, donde se establece que los agentes estadunidenses actuarán en México bajo el principio de reciprocidad.

En Estados Unidos la legislación prohíbe expresamente la portación de armas de fuego a todo ciudadano que no sea estadunidense, recalcó Encinas, y les recordó que lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el vecino país no lo cumple.

Los senadores insistieron en que se trata de una reforma ambigua, vaga, que no precisa, por ejemplo –advirtió Bartlett– cuál es el número máximo de agentes armados que podrán actuar en el país, las veces que la Sedena podrá prorrogar los permisos para que porten armas, ni define cuál será la autoridad competente en caso de que un agente extranjero cometa un delito en el país.