Ciudad Juárez, Chih.

Luego de que hace dos semanas el gobierno de Baja California Sur decidió expulsar de su territorio a los 92 jornaleros tarahumaras que eran explotados por empresas agrícolas, el gobierno de Chihuahua analiza presentar una demanda en contra de dicha entidad.

Aparte, en investigaciones realizadas por las comunidades de donde son originarios los jornaleros tarahumaras, se encontró que salieron a trabajar muy lejos de sus comunidades por su propia voluntad, con la promesa de obtener buenos sueldos.

José Luis García, secretario de Desarrollo Social del estado de Chihuahua, afirmó que ya existe una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR), presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS), contra quien haya permitido la explotación laboral de los trabajadores, sea por aprobación, consentimiento u omisión. Las autoridades estatales, a través de su departamento jurídico, van a ser coadyuvantes en la demanda promovida por la STPS, señaló.

García destacó que ha estado en comunicación con su similar en Baja California Sur, y le ha dicho que no está de acuerdo con la decisión que tomaron de sacar a estos trabajadores de la entidad, porque primero debieron consultar a los miembros de esa etnia, por ser los interesados directos, y luego a las autoridades de Chihuahua.

Por su parte, Miguel Ángel González, coordinador estatal de la Tarahumara en Chihua­hua, organismo público para atender a los grupos indígenas, dio a conocer que investigaron estos hechos en las últimas dos semanas y concluyeron que los jornaleros fueron trasladados por voluntad propia hacia Ciudad Constitución, por vía terrestre y marítima.

Miguel Ángel González calificó de sui géneris la condición en que se encontraban los indígenas en Baja California Sur, pues vivían y dormían bajo carpas y hules. La comida les era llevada hasta los surcos una vez que completaban la jornada.

Indicó que nunca se había encontrado algún tarahumara trabajando tan lejos de la entidad; los indígenas provenían de Guachochi, Creel, San Rafael, Urique y Basúchil, Guerrero.

El año pasado, la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, organismo del gobierno de Chihuahua, comenzó a revisar las condiciones de trabajo en que son contratados los indígenas luego de que un grupo de 16 jóvenes de esa etnia fueron abandonados en la carretera de Aldama, sin pagarles el sueldo de un mes. Según ellos, el empleador les dijo que subieran a la camioneta para llevarlos a cobrar su sueldo y trasladarlos a otro campo, pero en el camino les dijo que bajaran para reparar la camioneta y se arrancó, dejándolos solos.

Indicó que las autoridades competentes darán seguimiento a los hechos ocurridos para derivar responsabilidades, y reiteró que se exhortará a la Coordinación Estatal de la Tarahumara y a la Procuraduría de la Defensa del Menor para que se ponga atención en los campos agrícolas y sean respetadas las garantías de los indígenas tarahumaras contratados como jornaleros.