Apenas un año después de su surgimiento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ha convertido en un organismo ‘‘ineficiente’’ que, lejos de ayudar a quienes han sufrido alguna violación grave de derechos humanos, les escatima su apoyo, los engaña y los evade, en una dinámica que los revictimiza y los deja en la indefensión.

Denunciaron lo anterior familiares de personas afectadas, quienes en entrevista con La Jornada subrayaron que el personal de la CEAV ha llegado incluso a regañarlos por pedir su auxilio, o a condicionar su apoyo a que ellos paguen primero los gastos que genera la búsqueda de sus seres queridos, para después analizar si se los rembolsan, lo cual no siempre ocurre.

Alma Rosa Preciado Rubio, originaria de Guasave, Sinaloa, sufrió la desaparición de su hija Ilse Janeth Cervantes, su nieta Renata Janeth Leal, su yerno José Alberto Leal y un primo de éste, Ernesto Leal, el 28 de agosto de 2011, luego de que un grupo de policías estatales de Chiapas los detuvieran de forma injustificada.

Aunque la familia pagó un rescate de 10 millones de pesos por sus seres queridos, hasta la fecha no han vuelto a saber de ellos. El caso fue asumido por diversas instancias de la Procuraduría General de la República (PGR), sin que el paradero de las víctimas se haya definido aún.

‘‘Desde 2011, fui a la CEAV de Mazatlán, pero vengo al Distrito Federal cada mes desde hace un año. Aquí me hacen pasar todo el día sin darme respuestas, sin comer. En una ocasión un funcionario de nombre Édgar estaba de mal humor por algo que le pasó con otra víctima y se desquitó conmigo. Hasta me hizo llorar y no hallaba si quedarme o salir corriendo’’, recordó.

La comisión ejecutiva no le ha rembolsado diversos gastos por transporte, hospedaje, llamadas telefónicas y comida, que ella ha tenido que cubrir con sus propios recursos pese a tener las facturas que le solicitan.

Un trato similar ha padecido Karina Arce Flores, maestra de Acapulco, Guerrero, cuyo hermano Alberto desapareció el 9 de marzo de 2013, cuando salió a ejercer su trabajo de técnico en refrigeración junto con su asistente, Alexander Juárez Arciniega. ‘‘Tuvimos contacto con la CEAV al mes de que mi hermano desapareció. Les pedí que me ayudaran jurídicamente, porque me querían quitar mi trabajo por abandono de plaza, ya que por estar en la búsqueda falté más de tres días seguidos. Le expliqué eso al delegado en Acapulco y me dijo: ‘mañana te marco’. A dos años de eso todavía no recibo su llamada’’, lamentó.

‘‘Después les pedí ayuda sicológica para mis papás, mi hermano y para mí, pero nos dijeron que ellos no podían dárnosla y que nos fuéramos al Hospital General de Acapulco. Ahí la consulta cuesta y nada más fuimos a dos, porque ya no nos alcanzó para más. Les preguntamos si ellos nos las iban a pagar y nos dijeron que no’’, añadió la mujer.

El nivel de maltrato en la CEAV es tal, dijo, que en alguna ocasión uno de sus funcionarios le gritó a su mamá que ‘‘ya no estuviera enfadando’’, porque ya sabían de su caso, y los regañaron por haber tomado un ‘‘autobús de lujo’’, con un costo de 615 pesos, en vez de haber tomado ‘‘el más económico’’.

Hoy, la CEAV ‘‘para nosotros es como un ancla, algo que debemos estar jalando, una carga y un estrés más en nuestras vidas. No tenemos ganas de estarnos peleando con ellos, pero sinceramente no nos queda de otra, porque no tenemos cómo solventar la búsqueda de mi hermano’’.

María Lucila Ramírez Zapién, originaria del Distrito Federal, sufrió la desaparición de su hijo Adrián León Ramírez –corredor y atleta de alto rendimiento– el 8 de febrero de 2014, y es una más de las personas que lamentan la falta de atención adecuada por parte de la comisión.

Este organismo, deploró, le negó durante semanas tratamiento sicológico para ella y su familia, y aunque finalmente se los otorgó por un mes, después les pidió que consiguieran un neurólogo que certificara que ‘‘ya estábamos muy graves y no nos podían ayudar. Nos dijeron que nos iban a hacer responsables a nosotros de lo que nos pasara’’.

Tras avisarles que la prioridad de la CEAV era Ayotzinapa, ‘‘nos dieron a entender que estábamos para el manicomio y aquí no es manicomio. Es una institución donde nada más les interesa recibir su salario y decir que nos están atendiendo, pero cobran por no hacer nada’’, lamentó.