l narcotráfico continúa siendo un importante problema para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico en México, esto a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir a los cárteles, que si bien han derivado en algunos resultados exitosos como la captura de importantes capos, éstas no han conseguido disminuir la violencia en nuestro país.
De hecho especialistas en el tema han señalado que los efectos no han resultado muy benéficos, como la investigadora de la Universidad de Stanford Beatriz Magaloni Kerpel, quien advirtió en una investigación que la estrategia del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa –adoptada por el actual mandatario Enrique Peña Nieto– de perseguir y capturar a los líderes del narcotráfico en México han desencadenado más violencia (http://stanford.io/1fcc59p).
Los arrestos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa; Héctor Beltrán Leyva El H, cabeza del cártel Beltrán Leyva; Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy, dirigente del cártel de Juárez; Servando Gómez La Tuta, jefe de Los caballeros templarios, y Óscar Omar Treviño Morales El Z-42, ex líder de Los Zetas, fueron sin duda ejecuciones notables del gobierno, sin embargo estos éxitos han resultado en la conformación de grupos más pequeños, los cuales son extremadamente violentos, ya que están tratando de consolidar su poder.
Al respecto, Magaloni Kerpel detalla en su investigación, que lleva por título Las consecuencias económicas de la violencia por el tráfico de drogas en México, que los homicidios relacionados con el comercio de drogas aumentaron en casi 40 por ciento en los municipios afectados después de que un líder fue capturado o muerto, y que los secuestros y extorsiones se incrementaron en 25.7 y 29.1 por ciento, respectivamente.
Entre los esfuerzos que realiza la actual administración se encuentran los iniciados desde el sexenio anterior que consisten en el fortalecimiento de la capacidad institucional para enfrentar al crimen organizado, siendo el último la creación de la Gendarmería Nacional, lanzada en agosto de 2014 con 5 mil elementos. Asimismo, los estados y municipios durante los últimos seis años han tratado de reconstruir sus cuerpos policiales mediante la aplicación de pruebas de confianza para reducir la corrupción.
De acuerdo con el Reporte internacional de la estrategia de control de narcóticos (INCSR) 2015, presentado la semana pasada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, precisamente es la corrupción lo que continúa obstaculizando las medidas y esfuerzos antinarcóticos mexicanos, ya que aunque estén mejorando las estrategias anticorrupción éstas siguen siendo escasas, vulnerables e insuficientes (http://1.usa.gov/1CVTyjI).
A principios de marzo el pleno del Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el que se pretende prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y personas morales. Las comisiones que analizan la minuta se han declarado en sesión permanente para su aprobación, tras lo cual los senadores deberán elegir al nuevo fiscal anticorrupción, cuyo procedimiento se encuentra suspendido desde diciembre pasado.
Un mes antes el presidente Enrique Peña Nieto anunciaba nueve medidas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de intereses, esto después de asegurar que este mal endémico es de carácter estructural, y que nuestro país obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de cero a 100, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que publicó Transparencia Internacional (http://bit.ly/1FOnQ8C).
Por su parte, el SNA ha recibido diversos cuestionamientos por parte de analistas y ONG especializadas en políticas públicas, como CIDAC, think tank presidido por Luis Rubio, quien asegura que esta iniciativa solamente creará mayor burocracia y no contribuirá a conseguir los objetivos estipulados, puesto que no ataca las causas de la corrupción entre los funcionarios públicos, ya que no cambian los incentivos perversos de los involucrados.
“La corrupción ha alterado el léxico, el discurso y el modus operandi: podría parecer que se trata de un mero cambio semántico, pero lo que en realidad implica es que deja de concebirse a la corrupción como un ‘mal necesario’ para pasar a ser la única forma de conducir la vida pública”, advierte el doctor en ciencia política en uno de sus ensayos.
Es claro que nuestros gobernantes y legisladores reconocen el terrible daño que la corrupción le hace a México, lo hacen de tal forma que están en proceso de implementar medidas para abatirla, pero es necesaria una ciudadanía más informada que utilice el poder que le brinda la democracia mediante el voto, e incentivar a los partidos políticos a actuar con verdadera urgencia y eficacia.
* Analista en temas de seguridad, educación y justicia
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