El 28 de enero de 2010, la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) impuso una multa de 150 millones de pesos a seis laboratorios farmacéuticos por incurrir en prácticas monopólicas absolutas, al ponerse de acuerdo en los precios de medicamentos que vendieron al sector salud de 2003 a 2006.

La CFCE concluyó que las empresas sancionadas conspiraron y se coordinaron entre sí para eliminar la competencia y obligar al gobierno a pagar costos artificialmente altos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva este asunto en la sesión del próximo 8 de abril.

Tras una investigación que empezó en 2006, con la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 28 de enero de 2010 la CFCE señaló la probable responsabilidad de las farmacéuticas en el establecimiento, concertación, y coordinación de posturas en las licitaciones públicas de medicamentos convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual identificó dos grupos de laboratorios:

El primero lo integran: Eli Lilly y Compañía-México, Laboratorios Cryopharma, Probiomed y Laboratorios Pisa, los cuales conspiraron entre 2003 y 2006 para eliminar la competencia en las licitaciones de insulina humana, esencial para el tratamiento de la diabetes.

En el segundo grupo estaban Laboratorios Pisa –repite–, Fresenius Kabi México y Baxter por una coordinación ilegal de posturas en las licitaciones de sueros inyectables (agua inyectable, cloruro de sodio, glucosa y solución de Hartmann).

Previo acuerdo, dichos laboratorios se alternaban para ganar las licitaciones del IMSS, con una cotización artificialmente alta, pero con la seguridad de que sus competidores presentarían precios aún más elevados.

Las quejosas promovieron amparo ante un juzgado de distrito y cuestionaron también que la ley en la materia faculta a la CFCE a que, por un lado, actúe como parte acusadora (al emitir el oficio de probable responsabilidad) y, por otro, también actúa como juzgador al resolver en pleno si las prácticas monopólicas atribuidas están acreditadas o no.

En octubre de 2012, la segunda sala decidió ejercer su facultad de atracción para resolver en definitiva los amparos relacionados con este asunto, que fueron radicados en las ponencias de los ministros Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Juan Silva Meza y Alberto Pérez Dayán.