El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, reconoció que la iniciativa de ley general de aguas que se discute en la Cámara de Diputados considera la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable, pero, dijo, no obliga a las entidades a seguir esa línea.

Al señalar que en el caso de la ciudad de México estamos contra cualquier acción de privatización del agua, señaló que la norma considera la implementación de diversas acciones en ese sentido, pero establece que es decisión de cada gobierno local si las adoptan o no.

En entrevista indicó que lo mismo sucede con el caso de las tarifas, pues si bien se plantea que deben buscar la eficiencia económica para los organismos encargados de la gestión del agua, tampoco obliga a que así sea, pues es decisión de cada entidad determinarlas.

Aunque el funcionario se negó a pronunciarse sobre la iniciativa, con el argumento de que no soy especialista en la propuesta de ley, dijo haber visto que la misma tiene muchos artículos que hacen referencia al derecho humano de acceso al agua, con la inclusión de conceptos como calidad y todos los preceptos constitucionales en ese sentido. Lo que pasa, dijo, es que a veces se saca de contexto el contenido.

Hay que esperar

Respecto de la responsabilidad de las autoridades de garantizar el suministro en las zonas más alejadas, aclaró que la misma Ley de Aguas del Distrito Federal prohíbe dotar de este servicio a los asentamientos irregulares, pues se parte del principio de que son personas que no tienen derecho a estar allí, por lo que sólo regularizándolas se les podría dotar del servicio.

Aguirre manifestó que se trata de una iniciativa aún en revisión, por lo que hay que esperar cómo quedará, pero si bien considera la posibilidad de que se hagan trasvases, tampoco impide que se lleven a cabo acciones de mejoramiento de las redes de la ciudad.

Para el director del Sacmex, la iniciativa de ley establece una serie de posibilidades, que incluyen la privatización, pero es una decisión de cada entidad si adopta o no el modelo, por lo que, dijo, no ve en el contenido de la misma que se limite la autonomía de los estados en cuanto a la gestión del agua.