Dos millones 700 mil mexicanos ha sido deportados de Estados Unidos durante los cinco años recientes, pero el gobierno de nuestro país no ha sido capaz de implementar una política integral para la reintegración social y familiar de esos migrantes, señalaron este lunes en la capital de Zacatecas académicos y expertos reunidos en el foro Para la construcción de una política de reinserción de los migrantes y sus familias, en el que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), del gobierno de Zacatecas y de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

En el foro se presentaron los resultados de un estudio efectuado en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Guerrero, Chiapas y Zacatecas, que tienen en común, entre otros problemas, que la mayor parte de los repatriados no encuentran empleo en sus comunidades de origen, y tampoco pueden incorporarse con armonía a sus familias y comunidades, pues chocan ­culturalmente.

Acompañado por Omar de la Torre, titular de la unidad de política migratoria de la SG, y de Mauricio Bermeo, director general adjunto de capacitación del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el doctor Rodolfo García Zamora, de la UAZ, presentó las conclusiones del estudio efectuado en los seis estados expulsores de migrantes.

García Zamora indicó que en el estudio se aplicaron unos 2 mil cuestionarios en los seis estados –individuales y en grupo–, con los cuales se detectó que 50 por ciento de los deportados migraron a Estados Unidos por falta de empleo.

Añadió que los integrantes del otro 50 por ciento dijeron que si bien no estaban desempleados cuando emigraron, tenían en México trabajos precarios y los que tenían una parcela, no les daba para un buen nivel de vida. Entonces, sostuvo García Zamora, el empleo es el principal problema para la reinserción de los migrantes.

Mientras, en Saltillo, Coa­huila, el diputado local Sergio Garza dijo que más de la mitad de los 50 mil migrantes mexicanos que cada año son deportados de Estados Unidos por Piedras Negras y Acuña deciden permanecer en esas localidades fronterizas, lo que incrementa la población flotante y los cordones de pobreza, además de la incapacidad de los gobiernos locales para resolver reclamos de vivienda digna y servicios públicos.

Dijo que las administraciones municipales no pueden desentenderse del asunto migrante y cuando se han visto superadas, agrupaciones de la sociedad han intervenido y colaboran, otorgando algo de su tiempo y recursos. Garza consideró que los gobiernos locales no pueden quedar a su suerte y el gobierno federal tampoco debe ignorar lo que podría convertirse en un problema insostenible.

Por su situación extraordinaria, añadió, los municipios fronterizos requieren ingresos extraordinarios y tratamiento distinto al resto de las localidades.