La oficina en México de la AFL-CIO –la central sindical más influyente de Estados Unidos, que agrupa a 12.5 millones de trabajadores– envió una carta al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para pedirle que continúe el diálogo con la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social del Valle de San Quintín (La Alianza), que representa a 80 mil trabajadores agrícolas, y garantice que los derechos de éstos estén protegidos de acuerdo con la legislación mexicana y los convenios internacionales.

Repudio a la CTM

El documento, firmado por Cathy Feingold, directora del departamento internacional de AFL-CIO, señala que miembros de la alianza, trabajando en conjunto con el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (Fiob), está demandando un incremento en los salarios y la terminación de los contratos de protección en poder de las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ‘‘que han llevado a violaciones graves sus derechos’’.

Añade que ‘‘la práctica de los contratos de protección es la muestra más grave de amenaza a la libertad de asociación y a la negociación colectiva democrática en México. Es un tema que se ha planteado ante la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)’’.

Feingold dice en la carta que las violaciones a los derechos de los trabajadores documenatdos en San Quintín incluye la negativa a pagar tiempo extra y beneficios de protección social, acoso sexual, falta de permisos de maternidad y paternidad, trabajo infantil, exposición a pesticidas, discriminación y violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva. Estas violaciones han dado por resultado la organización de trabajadores para proteger sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

‘‘Le solicito que proteja los derechos de estos trabajadores y garantice la efectiva implementación de las leyes laborales mexicanas y de los derechos laborales fundamentales de la OIT. Los trabajadores detenidos por ejercer su derecho a protestar deben ser liberados. Espero que usted apoye la creación de un equipo para enviar una comisión externa para documentar la situación y asegurar que las negociaciones den por resultado un salario decente y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores’’.

Desde hace días, el poblado de San Quintín, al sur de Ensenada, Baja California, se mantiene en paro laboral por la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, en demanda de seguridad social de todos los jornaleros, la revocación de contratos de trabajo de sus supuestos representantes (CTM y CROC) con las empresas agrícolas, y el incremento salarial de 200 pesos por jornada.