La eventual aprobación de la iniciativa de ley general de aguas que se discute en la Cámara de Diputados afectaría el derecho humano de acceso al líquido y profundizaría un modelo de gestión que apunta a la privatización de este recurso natural, advirtió Claudia Campero Arena, integrante de la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua.

En entrevista, señaló que además la norma deslinda a las autoridades de su responsabilidad de garantizar el suministro de agua potable a la población, con base en un modelo que busca solucionar el problema del abasto con la participación de la inversión privada, lo cual no solamente generará incremento en las tarifas, sino que las empresas que participen no invertirían en llevar agua a las zonas más alejadas y pobres, pues sus habitantes no podrían pagarla.

La también consultora de la organización civil global Blue Planet Project señaló que el problema de abasto que tiene la ciudad de México continuaría, porque se estaría confiando en que la solución sería una nueva etapa del Cutzamala y la extracción a mayor profundidad, cuando lo que se tiene que atender es la red de abastecimiento, principalmente lo relacionado con fugas, y promover una mayor participación de la ciudadanía en el cuidado del liquido, en vez de buscar más soluciones más descentralizadas para gestionar el agua, indicó.

Campero Arenas explicó que con esta iniciativa de ley lo que se pretende es profundizar el modelo de gestión que se maneja en la actualidad, que incluye la privatización y que ha provocado una crisis del agua que se vive tanto en el Distrito Federal como en el resto del país.

Es un modelo que se basa en la creación de infraestructura que traslada grandes volúmenes de agua, lo cual es una visión equivocada, porque siempre estás buscando aumentar la oferta, manifestó la especialista.

En cuanto a la participación de la iniciativa privada en el proceso de abasto de agua, dijo que está demostrado, no sólo en México sino en todo el mundo, que ha traído sólo problemas, como el incremento de las tarifas, además de falta de inversiones para llevar el líquido en las zonas donde no lo tienen.

En México la privatización del agua la venimos viviendo desde hace años, pero además buscando eximir de las responsabilidades de las autoridades de surtir agua a las poblaciones dispersas y asentamientos irregulares.

Además, el artículo 49 de esa iniciativa sólo reconoce el derecho al líquido para los asentamientos legalmente constituidos, y los conceptos que establece en torno a calidad del agua se alejan de los estándares internacionales.

Aunado a ello, establece el transvase como de utilidad pública, es decir, llevar grandes volúmenes de agua de una cuenca a otra y darle uso distinto, como la extracción de hidrocarburos, pasando sobre los derechos de las personas a contar con agua.

Por todo lo anterior, afirmó, diversas agrupaciones sociales se han manifestado a escala nacional y se están organizando para evitar la aprobación de esa iniciativa de ley, manifestó la activista.