s un hecho evidente que la militarización, paramilitarización y mercenarización de México durante el sexenio de Felipe Calderón generó una catástrofe humana. Desde entonces, la práctica sistemática y generalizada de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas concitaron la atención internacional, y más recientemente expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han formulado diversas recomendaciones en la materia, pero el régimen de Enrique Peña Nieto ha optado por descalificar y desacreditar a sus críticos. Por ello México es percibido en el exterior como un Estado forajido, cuya cúpula se desentiende con desdén del derecho y los tratados internacionales, incluidas las leyes de la guerra.

Con distintos grados de responsabilidad criminal, los hechos de Tlatlaya e Iguala −que catapultaron al país a la agenda noticiosa mundial− involucran a las fuerzas armadas. Ambos hechos ocurrieron en 2014. La novedad es que ese mismo año las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) realizaron una orgía de compras de armas y equipo militar a Estados Unidos. En particular, helicópteros y vehículos blindados. La consecuencia lógica es que al profundizarse la militarización del país en el aterrizaje de las contrarreformas energética, laboral y educativa, la crisis humana podría agravarse.

De acuerdo con un reportaje de la revista estadunidense NACLA, el año pasado las fuerzas armadas (FFAA) mexicanas gastaron mil 150 millones de dólares en la compra de armamento. Según el almirante William Gortney, jefe del Comando Norte del Pentágono, comparadas con las de los años anteriores, las compras de 2014 representan un incremento multiplicado por cien ( 100-fold increase).

El 17 de marzo de 2015, el De­par­tamento de Estado autorizó la venta de tres helicópteros Blackhawk por 110 millones de dólares para las FFAA mexicanas. La compra se sumó a otra efectuada el 21 de abril del año pasado, cuando se adquirieron 18 Blackhawk UH-60M por 680 millones de dólares. Los helicópteros son producidos por las corporaciones Sikorsky y General Electric, y los acuerdos incluyen la construcción de un complejo en Querétaro para facilitar las ventas y el entrenamiento. Al menos seis de esos helicópteros serán artillados con ametralladoras M134 de 7.62 mm, que disparan hasta 6 mil proyectiles por minuto. Además, en febrero la Fuerza Aérea Mexicana cerró un trato por 15 helicópteros Bell para su base en Zapopan, Jalisco.

Según el reporte de NACLA, en enero el Pentágono dijo que la Marina mexicana está adquiriendo cinco Blackhawk por 56 millones de dólares. En septiembre del año pasado la Semar había comprado cuatro aeronaves King Air 350ER para la vigilancia de instalaciones estratégicas y transporte ligero.

Por otra parte, con la finalidad de expandir la arquitectura militar existente y fortalecer la interoperabilidad entre México y Estados Unidos, en mayo de 2014 Washington autorizó la venta de más de 3 mil vehículos militares Humvees multipropósitos a las FFAA mexicanas, a un costo de 556 millones de dólares. En diciembre el Pentágono autorizó la venta de otros 2 mil 200 Humvees.

En su mayor parte los acuerdos fueron facilitados mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero (Foreign Military Sales) del Pentágono y no están sujetos a restricciones de derechos humanos como la ley Leahy (introducida por el senador Patrick Leahy en los años 90, la ley prohíbe al gobierno de Estados Unidos proporcionar asistencia a cualquier unidad militar o policial extranjera si existe información creíble de que la misma ha cometido graves violaciones a los derechos humanos con impunidad).

Según NACLA, México también adquiere equipo militar de Estados Unidos a través de ventas comerciales directas. En 2013 Washington autorizó más de mil millones de dólares en ventas de equipo militar a México, principalmente para sistemas de vehículos espaciales y equipos asociados; eso podría incluir satélites, sistemas GPS y estaciones de control terrestre.

El reporte consigna que en 2014 Washington transfirió legalmente más de 28 mil armas de fuego a México, en su mayoría rifles de asalto. Muchas más armas han cruzado la frontera de manera ilegal. Un estudio de la Universidad de San Diego calculó que en el periodo 2010-2012 ingresaron ilegalmente al país un cuarto de millón de armas cada año, cifras que hacen aparecer enano al programa Rápido y furioso de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés), que exhibió la doble moral de Washington.

Según la Oficina de Estadística de Estados Unidos, desde que comenzó a llevar registro hace 15 años, 2014 reporta las mayores ventas de equipo militar del Pentágono a México. Como dice John Lindsay-Poland, autor de la nota de NACLA, para unas FFAA mexicanas presumiblemente orgullosas de su independencia del ejército de Estados Unidos, tales compras las hacen un cliente dependiente.

Si para Estados Unidos vender armas y equipo militar a su vecino es un buen negocio para equilibrar la balanza comercial y permite al Pentágono adoctrinar y penetrar a los organismos de seguridad del Estado mexicano, la orgía de compras de la Sedena y la Semar −acusadas de graves violaciones a los derechos humanos− genera una perspectiva aún más inquietante. Como declaró a Insight Crime la investigadora del Center for International Policy de Washington, Sarah Kinosian, el dramático incremento en la compra de equipo bélico por las FFAA mexicanas es indicativo de que la militarización de la guerra a las drogas llegó para quedarse. En ese contexto, signado además por una aguda crisis económica, el apartamiento de la forma y el estilo diplomáticos por el canciller José Antonio Meade y el subsecretario Juan M. Gómez Robledo −que colocan a México como Estado forajido− proyecta una profundización del giro autoritario y represivo del régimen de Peña Nieto.