Las desapariciones en México –incluyendo aquellas en las que se ven involucrados servidores públicos– son un fenómeno generalizado que el gobierno del país sigue negando a pesar de los múltiples señalamientos de organismos nacionales y extranjeros en ese sentido, y forman parte de una dinámica de violencia e impunidad de la cual Ayotzinapa es uno de los ejemplos más claros.

Así lo afirmaron los académicos y activistas participantes en el foro Desaparición forzada y terrorismo de Estado a seis meses de Ayotzinapa, organizado ayer por la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) para conmemorar su 30 aniversario.

Verónica Rodríguez, integrante de Amnistía Internacional, subrayó que México vive una de las peores crisis de derechos humanos de su historia, con cientos de casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, entre otros abusos graves, como parte de un contexto de violencia y falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

Un ejemplo de ello, indicó, es que desde 2010 el colectivo con sede en Londres documentó 152 casos individuales de desaparición en siete estados, y al menos en 85 de ellos había indicios suficientes de involucramiento de funcionarios públicos.

Asimismo, destacó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto han ocurrido en promedio 175 desapariciones al día, lo cual significa varios Ayotzinapas diarios, en un escenario donde además las autoridades no parecen tener métodos de búsqueda eficiente de las víctimas ni de registro de las personas afectadas a escala nacional.

Santiago Corcuera, miembro del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, enfatizó que este delito y otras faltas graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, registraron un alza notable cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado en 2006, como lo han documentado varios organismos nacionales e internacionales.

¿Dicen eso por necios o por molestar? ¡No! Lo hacen por la experiencia de que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha provocado un aumento de estas violaciones de derechos humanos. El problema es seguir negando este escenario, porque así nunca se van a tomar las medidas para remediarlo, enfatizó.

Por su parte, Lenin Hernández, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, y Bernardo Campos, padre de uno de los jóvenes estudiantes desaparecidos, agadecieron el apoyo hacia su movimiento y reiteraron que a pesar de la angustia, el dolor y el sufrimiento por no saber de sus compañeros y seres queridos, van a continuar en lucha por encontrar verdad y justicia.