La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó ayer citar a comparecer, a reuniones de trabajo por separado, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.

El presidente de la comisión, Heriberto Galindo Quiñones (PRI), aceptó la propuesta de PAN y PRD de convocar al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, con el propósito de hablar del asesinato de 22 civiles en Tlatlaya y el aumento de feminicidios en esa entidad, y solicitó a los diputados presentar una propuesta de los temas a tratar en ese encuentro.

En la sesión ordinaria de ayer la comisión elaboró una lista de 15 temas a tratar con el ombudsman, entre ellos el de las autodefensas y las policías comunitarias, el nuevo estatus del fuero militar y los primeros casos de soldados sujetos a proceso por agresiones a civiles, así como casos de negligencia médica en los servicios públicos de salud.

También, diversas violaciones a derechos humanos de personas recluidas en penales estatales y federales, entre éstas Nestora Salgado, Brenda Quevedo y David Vargas Araujo.

Además, los intentos por limitar el derecho a la protesta, detenciones arbitrarias, infiltraciones parapoliciacas y paramilitares en movimientos sociales, impunidad en abusos de autoridad, la reforma sobre desaparición forzada, la guerra sucia y las normas que limitan el acceso a información de esa etapa en el Archivo General de la Nación.

En el caso del gobernador de Puebla, decidió que se abordarán tres temas centrales: el desalojo de estudiantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular, ocurrido el 8 de febrero; el encarcelamiento de 40 dirigentes sociales y políticos presuntamente detenidos de manera arbitraria por órdenes del gobernador, y la muerte del niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, atribuida al impacto de una bala de goma.

Con el mandatario de Guerrero se abordarán dos temas: el estado de las averiguaciones previas iniciadas por la fiscalía general por la agresión de policías a manifestantes el 24 de febrero en Acapulco y la detención de Nestora Salgado, ex líder de la policía comunitaria de Olinalá, sólo en lo que se refiere a la participación del gobierno estatal.