La Procuduraduría General de la República (PGR) afirma que a seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, la dependencia ‘‘ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho’’. Indica que ya suman 104 los detenidos como presuntos responsables y todos tienen auto de formal prisión.

Sin señalar si se han abierto nuevas líneas de investigación tras el cambio de titular en la dependencia, la PGR sostiene que ha iniciado un total de ‘‘25 averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula, Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron detenidos ilegalmente por policías de esos municipios, luego entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos y –según las indagatorias– privados de la vida e incinerados; posteriormente, según la versión oficial, sus restos habrían sido tirados al río San Juan’’.

Ya hay autos de formal prisión

‘‘A la fecha se ha logrado la detención de 104 personas, 48 de ellas pertenecientes a la policía municipal de Iguala, 16 a la misma corporación de Cocula y 40 civiles vinculados a una organización delictiva con presencia en el estado de Guerrero’’, mencionó la PGR en un comunicado al cumplirse seis meses de estos acontecimientos.

Explicó que a todos los acusados ‘‘se les ha dictado auto de formal prisión, entre otros por la comisión del delito de homicidio, secuestro y delincuencia organizada’’. Según la institución que encabeza Arely Gómez, estas consignaciones y situación de la indagatoria ‘‘demuestra el compromiso (...) por sancionar de manera contundente estas conductas delictivas’’.

La procuraduría no reconoce haber perdido en tribunales de primera instancia la posibilidad de juzgar a los inculpados por desaparición forzada. Sin embargo, señala que en relación con las consignaciones por ese delito, ‘‘esta procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están ya siendo valorados por la autoridad jurisdiccional’’, lo que significaría que el Ministerio Público ya apeló de la negativa de jueces a librar órdenes de aprehensión por este ilícito.

Explicó que ‘‘además se cuenta con nueve órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar’’, entre ellas las que fueron libradas en contra de Felipe Flores, ex jefe de la policía de Iguala, y Gildardo López Astudillo, El Gil, sujeto identificado como El Chucki, además de los policías Alejandro Tenescalco Mejía y Luis Francisco Martínez Díaz.

En cuanto al estado que guarda la indagatoria, ‘‘se han recabado 415 declaraciones ministeriales, 510 dictámenes periciales en cerca de 26 especialidades y, con autorización judicial, se ha extraído información de 93 equipos de comunicación’’.

Entre los 104 detenidos ya se encuentran sujetos a proceso penal el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes fueron identificados por las autoridades como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes, así como el presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado.

Como parte de la identificación de los restos óseos encontrados en el río San Juan, provenientes del basurero de Cocula, la Universidad de Innsbruck, en Austria, realiza un tercer estudio de ADN (secuencial) por un método diferente –del cual se está en espera de los resultados–, y hasta el momento solamente uno de los restos ha dado positivo para identificación coincidente con el ADN de los padres de un normalista.

Finalmente, la procuraduría señala que ‘‘ha apoyado y reconoce el trabajo realizado por el grupo interdisciplinario, en atención al acuerdo de asistencia técnica suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos’’, con quienes deberá compartir la investigación del caso para que establezca si ésta se ha realizado de manera profesional.