iempo de elecciones debieran ser tiempos de propuestas, que deberían brotar no sólo de los partidos políticos, sino del conjunto social: ONG, organizaciones de base (sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones profesionales y empresariales, etcétera). La población que se dedica a la investigación y la enseñanza en las universidades del país, en todas las ramas del pensamiento y sobre todo en las ciencias sociales, debiera estar muy bien preparada para hacer tales propuestas porque parte de su trabajo consiste en diagnosticar la realidad del país. En la entrega del 6/3/14 presenté un panorama general del contenido de la colección de 18 volúmenes Análisis estratégico para el desarrollo, del Consejo Nacional de Universitarios, coordinada por José Luis Calva. Analicé el contenido del volumen 11, Empleo digno, distribución del ingreso y bienestar. En la última parte de dicha entrega describí, sin profundizar, las recomendaciones que contiene para cambiar el rumbo del país. Hoy las abordo con más detalle como manera de contribuir al debate sobre las políticas necesarias para enfrentar la lastimosa realidad nacional en vísperas del inicio de las campañas electorales.

En el vol. 11 se abordan dos conjuntos temáticos: el de empleo, salarios y relaciones laborales; y el de políticas sociales, bienestar y lucha contra la pobreza. Seis capítulos se dedican a este segundo conjunto, pero en tres está la mayor parte de las propuestas al respecto, y son los que analizo hoy. En el capítulo que cierra el volumen, Carlos Barba, Enrique Valencia y Gerardo Ordoñez como guía de sus propuestas parten de “la idea de que el Estado está obligado a garantizar la protección universal de los mínimos de seguridad económica (trabajo e ingresos) y bienestar social (servicios) que suponen el pleno disfrute de los derechos sociales”. Proponen dar el salto cualitativo a la universalidad en seguridad social. Recomiendan aplicar, en cada componente de la política social, los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, así como el de que la focalización hacia los pobres debe entenderse como complemento de la universalización (para hacerla más eficaz). Conciben como necesario transformar las instituciones para transitar hacia un estado de bienestar avanzado de manera gradual pero veloz, y sin perder la orientación al objetivo último de universalismo. Entre sus propuestas concretas destacan: aumentar la cuantía de las pensiones mínimas; instaurar garantías para la protección económica de cualquiera que haya perdido sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad; conformación de un verdadero sistema único de salud, que elimine los compartimientos determinados por la capacidad contributiva de los individuos; en vivienda, el Estado debe asumir la responsabilidad de regular el mercado inmobiliario, imponiendo a los bancos la obligación de asignar una parte de sus créditos a la construcción de viviendas de interés social; y reforzar los programas dirigidos a las familias de bajos ingresos.

Araceli Damián propone aumentar el salario mínimo; aplicar el concepto de universalismo básico, que comprende: seguro de desempleo, ingreso ciudadano garantizado y servicios sociales universales; ampliar el Programa Oportunidades (hoy Prospera) en las zonas urbanas, donde está creciendo la pobreza, eliminando las condicionalidades que suponen la inversión de un tiempo, sobre todo por parte de las mujeres, del que no disponen, y cubrir las comunidades rurales sin escuela y/o sin clínica (hoy desatendidas). Estas propuestas, que coinciden en la orientación general con las de Barba et al, van más allá al hacer explícitos los planteamientos del seguro de desempleo y del ingreso ciudadano garantizado. Damián se adelanta a las objeciones de los escépticos ante sus ambiciosos planteamientos, al recordar que el ingreso per cápita de Finlandia, cuando introdujo la pensión ciudadana universal en 1956 era 30 por ciento menor, en términos de dólares constantes y corregidos por paridades de poder adquisitivo (4 mil 600), a la de México hoy (6 mil 486).

En mi capítulo propongo una arquitectura institucional para articular, sinérgica y positivamente, la política económica y la social como elemento indispensable para superar la pobreza, y cuyo punto de partida es el compromiso con el desarrollo de las necesidades y capacidades humanas, al que llamo florecimiento humano (y que equivale a la vida buena y plena para todas y todos), como objetivo rector de todas las políticas públicas. Parto de la siguientes conceptualizaciones. Concibo el progreso social como el proceso de constitución de las condiciones para un desarrollo irreprimido y rápido de las necesidades y las capacidades humanas, y concibo el desarrollo económico como un proceso similar al anterior pero circunscrito a las necesidades económicas y las capacidades productivas (empresariales, tecnológicas, de trabajo e intelectuales). Ambos conceptos especifican el objetivo rector, como se dijo, de todas las políticas públicas. La autodeterminación o autonomía es condición central de posibilidad del progreso social y del desarrollo económico porque es la capacidad que permite definir propósitos propios y movilizar todas las capacidades para su consecución. Es necesario ahora definir el papel que en la búsqueda de tales objetivos tiene la superación de la pobreza, distinguiendo pobreza humana de pobreza económica. La superación de esta última es una condición necesaria, pero no suficiente, para la superación de la pobreza humana o florecimiento humano. Conlleva el principio igualitario de que todos y todas deben tener la oportunidad efectiva para florecer, la cual sólo existe para quien no vive en pobreza económica. Se fundamenta así el derecho humano que sintetiza diversos derechos sociales: el derecho a no vivir en pobreza, o derecho a un nivel de vida digno.

Una política de lucha integrada contra la pobreza económica tiene que abordar todos los determinantes de la situación económica de los hogares. Estos se identifican con el concepto de fuentes de bienestar (FdeB) de los hogares, que son: a) el ingreso corriente (monetario y no monetario); b) los activos básicos (vivienda y su equipamiento); c) activos no básicos (propiedades, líquidas o no, y capacidad de endeudamiento); d) acceso a bienes y servicios gratuitos o subsidiados; e) conocimientos y habilidades; f) el tiempo libre, disponible para recreación, educación, participación política, etcétera. La política integrada de lucha contra la pobreza debe promover el aumento de todas las FdeB y su distribución equitativa, así como establecer mecanismos de seguridad social que eviten su deterioro ante los riesgos de la vida. En el cuadro se listan las medidas de política económica y social para superar la pobreza, que propuse en mi capítulo, clasificadas según la FdeB que buscan incrementar y/o redistribuir. Como se ve hay muchas coincidencias con Damián y Barba et al, aunque no incluyen seguro de desempleo, ni ingreso ciudadano garantizado, ni creación de empleos.

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