Buenos Aires.

La sala uno de la Cámara Federal porteña desestimó este jueves la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros por intento de encubrimiento de un grupo de iraníes, acusados sin pruebas, de ser responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994.

Es el segundo rechazo judicial y en este caso los jueces -distantes del gobierno de Fernández de Kirchner- votaron por dos a uno desestimar la apelación presentada por el fiscal federal Gerardo Pollicita contra la decisión del juez federal Daniel Rafecas de archivar la denuncia de Nisman, quien estaba a cargo de causa AMIA.

Los camaristas (magistrados) Jorge Ballestero y Eduardo Freiler confirmaron la decisión de Rafecas y Eduardo Farah se pronunció por reabrir la investigación.

Pero como en la resolución de Rafecas, en la que se desmenuza jurídicamente la apelación y la denuncia de Nisman, los camaristas presentaron un documento, que desde el punto de vista jurídico es no sólo amplio, sino contundente en expresar que no existe delito, se mencionan las contradicciones y otros elementos de los que ya habían hablado importantes juristas locales, estimando que la denuncia carecía de pruebas. Asentaron que existían muchas suposiciones y presunciones que la debilitaban más. Sobre las escuchas telefónicas ofrecidas como posibles pruebas también se desestimaron como tales, a lo largo de más de 50 páginas.

Además fue el propio juez Ballesteros quien declaró inconstitucional en su momento el Acuerdo de Entendimiento firmado entre Irán y Argentina (2012) para dar una salida al conflicto planteado por las acusaciones sin pruebas, en un juicio plagado de irregularidades como ha sido el de AMIA y atrapado bajo la presión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

En realidad esta denuncia contra la presidenta es analizada como una presentación con graves fallas jurídicas, pero tanto el fiscal Pollicita que apeló la desestimación de Rafecas como Germán Moldes que pide abrir la investigación intentanmantener en forma forzada esta causa en alianza con la oposición más duro al gobierno, señalan fuentes judiciales

Es a ese grupo de fiscales que el Ejecutivo menciona como el partido judicial, cada vez más evidente en sus actuaciones, añaden.

Los camaristas señalan en su resolución que sólo se abre una investigación cuando existe alguna prueba. En este caso Pollicitas y Moldes tratan de mantener abierta la denuncia para ver si encuentran alguna prueba, lo que afecta a la justicia.

Pantano de impunidad

En el mismo plano el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella habló este miércoles en un acto en el Banco Central de la República de un pantano de impunidad en referencia a varias decisiones en los últimos días donde se intenta salvar a algunos poderosos empresarios, que estuveron ligados y fueron cómplices de la pasada dictadura militar (1976-1983). Sbattela mencionó una serie de casos en que un sector judicial pone trabas a la justicia. Entre los casos emblemáticos a los que hizo referencia menionó el tema de Papel Prensa No permitiremos que el dinero ilícito de Papel Prensa se legalice por el paso del tiempo, dijo.

Recordó que esa causa se enfrentan viscisitudes cuando planteamos que los delitos por apropiación de bienes vinculados a cuestiones de lesa humanidad son imprescriptibles. Porque dañan el orden económico y financiero. Añadió que esto es lo que ocurre con Pappel Prensa, empresa adquirida -en lo que se considera forma ilícita y mediante extorsión persecución e incluso torturas- a la familia del sospechosamente accidentado banquero David Graiver por el Grupo Clarín y el periódico La Nación en 1977.

El titular de esa oficina antilavado dijo que en esto existe un tema con la justicia, porque la UIF quiso en varias oportunidades entrar a la causa como querellante pero siempre recibió la negativa del juez Julián Ercolini, el mismo que hace días impidió seguir adelante con esta causa que tiene detenida desde 2011.

Además Sbatella mencionó al empresario Eduardo Saiegh, forzado a vender el Banco Latinoamericano por presión de Alejandro Reynal, vicepresidente del BCRA durante la dictadura..

El dinero producido de la venta de esos bienes, aún está en manos de los Reynal, que nunca fueron llamados a declarar en esta causa, dijo Sbatella y a eso se refirió al hablar de un pantano de la impunidad en la justicia. Los planteos nuestros siempre terminan con chicanas legales y van hacia la impunidad.

Judith König, contadora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero del ministerio Público Fiscal, destacó la motivación económica detrás de la represión ilegal que se institucionaliza a partir del 24 de marzo de 1976 y entre esto denunció que el despojo que sufrieron los trabajadores fue el desapoderamiento más importante de la última dictadura.