En México, el agua podría convertirse en objeto de especulación y causa de conflictos, aseguró Guillermo Gazanini Espinoza, secretario general del Consejo de Analistas Católicos de México (CACM), en el contexto de la controversia que ha generado la iniciativa de Ley General de Aguas.

y agregó, citando al Pontificio Consejo Justicia y Paz, el agua ha de ser custodiada como un bien universal que es indispensable para el desarrollo integral de los pueblos y para la paz.

En un análisis del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), el dirigente del CACM comentó que el problema no es la propiedad nacional sino la infraestructura y redes que implicarían la progresiva mercantilización de la gestión del agua, además de la posibilidad de trasvases.

“El proyecto pretende dotar a la Comisión Nacional del Agua de facultades para vigilar cualquier concesión y no poner en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes y ecosistemas; sin embargo, las concesiones implican una forma de comercialización donde impera la ley de la oferta y la demanda, que darían el líquido a quienes puedan pagar por ella, dejando a las comunidades pobres sin capacidad de tenerla.

El capítulo del trasvase, uno de los más controvertidos, dice, prueba el uso comercial desmedido e injusto cuando, según el proyecto, podrían explotarse, usarse o aprovecharse aguas de una cuenca para ser utilizadas en otras distintas a las de su extracción cuando no haya conexiones naturales.

No se pone en duda la necesidad de elaborar una legislación moderna en México para la justa gestión de un recurso natural cada vez más escaso, pero se plantean remedios sin atacar las causas que impiden el adecuado aprovechamiento del agua. Y uno de esos remedios es la visión mercantilista sobre el líquido. Mientras en otras ciudades existe la tendencia a municipalizar los servicios del agua con criterios de responsabilidad, en México se promueve lo contrario.

El agua, comenta, no puede medirse con un enfoque de ganancia atacando aún más la precaria economía de miles de mexicanos, no es una mercancía sujeta a la oferta y a la demanda, porque tiene un valor público inherente, una visión y un comportamiento excesivamente mercantil puede conducir a programar las inversiones para infraestructuras sólo en zonas donde parece que es rentable realizarlas, es decir, daría ganancias.

Sobriedad y justicia, a decir del Vaticano, pueden lograr un desarrollo sostenible. Mientras en nuestro país no impere la ley, y la corrupción sea uno de los peores vicios, el criterio de mercantilización debe ponerse en duda, porque los nuevos beneficiados serán los poderosos inversionistas que, por el dinero, escatimen un bien público. El problema no es la norma sino la imparcial aplicación en beneficio de miles de personas sin posibilidades de agua en cantidad o calidad suficientes para una vida digna, confortable y segura, concluyó.