Caracas.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, confirmó que el fallido golpe de Estado del pasado 12 de febrero, denunciado entonces por el presidente Nicolás Maduro, contaba con el despliegue de unos mil 600 paramilitares colombianos en los estados de Táchira y Zulia, limítrofes con el vecino país.

Padrino se hizo eco de una denuncia sobre el tema hecha por el periodista José Vicente Rangel, quien reveló en la televisión informes de inteligencia referidos a los paramilitares colombianos. Rangel, ex vicepresidente, citó que en grupos de 100 los efectivos se alistaban para desestabilizar con apoyo logístico y armamento moderno.

Sin embargo, retrocedieron a sus bases luego de que Maduro hizo pública la existencia del complot.

Este lunes, el ministro Vladimir Padrino subrayó que ante estas y otras amenazas a la integridad territorial, la respuesta no se ha hecho esperar. Una muestra, dijo, es la realización de un ejercicio militar desde hace más de una semana y hasta el venidero 28 de marzo del Ejercicio Nacional Escudo Bolivariano 2015.

En el despliegue participan 100 mil personas (80 mil militares y 20 mil civiles), expresión de la unidad entre ambas fuerzas, afirmó. Se trata de un ejercicio militar acordado por el gobierno bolivariano de Maduro tras el decreto del presidente estadunidense, Barack Obama, del 9 de marzo, que declaró a Venezuela amenaza a su seguridad nacional y política exterior.

Maduro agradeció el apoyo a la campaña en la que pide al jefe de la Casa Blanca que derogue la orden ejecutiva.

El gobernante hizo la mención en su cuenta de Twitter, donde dijo que con la unión Venezuela logrará la victoria de la paz, en medio de la campaña para recolectar 10 millones de firmas que Maduro tiene planeado entregar a Obama en la cumbre de las Américas a realizarse en abril en Panamá. A la fecha, según informes, han sido recolectadas más de un millón de firmas.

En tanto,Venezuela solicitó la revisión de un fallo emitido por el tribunal arbitral del Banco Mundial que le ordena pagar a Tidewater unos 46 millones de dólares por la expropiación de sus activos en el país sudamericano, anunció el ministerio de Petróleo y Minería.

En 2009, el gobierno del fallecido Hugo Chávez expropió 11 navíos de Tidewater, por lo que la firma estadunidense de servicios petroleros llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.