Buenos Aires.

A horas de cumplirse el 39 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que instaló la dictadura más cruenta en la historia del país, se anunció la desclasificación de las actas secretas sobre el papel que cumplió el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en momentos en que recrudece la actividad de un sector judicial por obstaculizar los juicios contra crímenes de lesa humanidad.

Por decisión del actual presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, por primera vez se podrá investigar a fondo la complicidad cívico-militar en esta temática, mientras algunos juzgados realizan una serie de maniobras judiciales, para impedir el procesamiento y la condena de poderosos empresarios, como el dueño del periódico Nueva Provincia, Vicente Massot, de Bahía Blanca, acusado por la desaparición de empleados de ese medio o Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, responsable por la represión contra trabajadores, varios de ellos desaparecidos durante la pasada dictadura.

Ahora las actas secretas del BCRA permitirán investigar el siniestro rol cumplido con el armado-económico-financiero de la dictadura militar (1976-1983), que dejó alrededor de 30 mil desaparecidos, miles de muertos y centenares de sobrevivientes víctimas de torturas en los centros clandestino de detención. También miles de argentinos debieron salir al exilio y México fue uno de los países donde fueron acogidos.

Vanoli también publicará una serie de documentos lo que permitirá investigar las maniobras ilegales que realizó la pasada dictadura para beneficiar a grandes grupos económicos locales y extranjeros en detrimento del Estado argentino, como señala el periódico Tiempo Argentino.

Recientemente la desclasificación de archivos hallados en el Ministerio de Defensa posibilitó conocer los entramados de cómo funcionó la complicidad de grupos mediáticos con la dictadura, los mismos que hoy protegen a algunos de los mayores responsables de lo sucedido,

El BCRA instaló un importante debate sobre los derechos humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras, como un aporte a la justicia, la verdad y la memoria. La presencia de Vanoli y un equipo que integran su vicepresidente Pedro Biscay a cargo del control y la regulación de la política monetaria y financiera del país y el director Germán Feldman, cambió la fisonomía de esa entidad, utilizada por las dictaduras y los poderosos de turno sin respetar los verdaderos intereses del país.

Vanoli y Biscay realizaron una tarea similar a la que se hizo en la Comisión Nacional de Valores, a favor de diversas iniciativas conjuntas con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo que ayuda a descubrir delitos económicos asociados al terrorismo de Estado. Un caso importante es el de la compra ilegal durante la dictadura de la empresa Papel Prensa por parte del Grupos Clarín y el diario La Nación, los que apoyados por la dictadura compraron mediante extorsión, persecución prisión y torturas de la familia dueña de la misma, como se comprobó en otros juicios.

Un informe del Ministerio Público Fiscal revela la extremada demora de varios juicios, no sólo por la falta de voluntad de algunos jueces, sino por el hecho de que muchos de ellos deben ser también juzgados al comprobarse la complicidad con la dictadura y acuden a una cantidad de subterfugios para evitarlo.

La cifra de los juicios da cuenta de esta sorda lucha. Hay 563 condenados, 50 absueltos y casi 900 procesados. En las últimas horas se condenó a la empresa Techint a indemnizar a la hija de un obrero secuestrado en la siderúrgica Siderca, lo que sienta un precedente en la investigación de la complicidad empresarial con la dictadura.

El jurista Juan Pablo Bohoslavsky, quien escribió un libro recopilando el análisis de varios académicos sobre las complicidades de algunos magistrados con la última dictadura, consideró que el Poder Judicial argentino se debe una autocrítica con respecto al rol que jugó durante los años del terrorismo de Estado. Por eso este martes habrá mucho reclamos a la necesidad de democratizar la justicia.