Madrid.

El derechista Partido Popular (PP, en el poder) tuvo una contabilidad ilegal entre 1990 y 2008, concluyó el juez de la Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz, que instruyó el caso contra el ex tesorero de la formación política y ex senador Luis Bárcenas.

Durante la investigación se acreditaron, entre otras cosas, las supuestas donaciones ilegales a cambio de contratos públicos, los sobresueldos secretos a la mayoría de sus dirigentes –incluido el actual mandatario, Mariano Rajoy– y hasta que las reformas en algunas de las sedes del PP se hicieron con dinero negro (no declarado a Hacienda).

El juez Ruz finalizó la instrucción del mayor caso de corrupción política en la historia reciente de España e hizo públicas 190 páginas en las que consigna las pruebas recabadas, indicios y sospechas que lo llevaron a concluir que el actual partido gobernante se financió y tuvo una contabilidad ilegal durante 18 años. En ese periodo, el PP ganó numerosas elecciones, incluidas las que lo llevaron por primera vez al poder central, en 1996, y permitieron al ex presidente José María Aznar su primera relección con mayoría absoluta, en 2000.

Ruz basó su investigación en la contabilidad secreta que primero se dio a conocer por medio de la prensa, en este caso del periódico El Mundo, y después porque el imputado Luis Bárcenas entregó los papeles originales de la contabilidad B, donde de su puño y letra apuntó los ingresos y egresos a cargo del partido y que no formaban parte de las cuentas que fiscalizaba la contraloría de las formaciones políticas.

Esos documentos sirvieron para abrir otras investigaciones, entre ellas las de los anteriores tesoreros Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, así como las reformas de sus sedes, incluida la central en Madrid. El juez imputó a la firma de arquitectura que realizó la obra y que recibió más de millón y medio de euros en B.

Con base en estos datos y las pruebas cruzadas de otros casos abiertos contra dirigentes del PP en las distintas piezas del llamado caso Gürtel –que tiene ramificaciones en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Castilla y León, Murcia y Galicia–, el juez Ruz imputó al PP un delito fiscal por no haber registrado en sus cuentas públicas los donativos ilegales de 2008.

Ha quedado indiciariamente acreditado que el PP se sirvió desde 1990 y hasta al menos 2008 de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, señaló Ruz.

Bárcenas, máximo responsable de las finanzas del PP durante dos décadas, está en libertad bajo fianza después de pasar más de año y medio en la prisión de alta seguridad de Soto del Real. Está a la espera de un juicio oral.

El secretario de Estado de Relaciones con las cortes, José Luis Ayllón, fue la única voz del gobierno que habló del asunto. El auto no es la sentencia definitiva, así que todo lo que sea acabar el procedimiento cuanto antes, dictar sentencia y aclarar definitivamente todos los extremos de este asunto, mejor que mejor, sostuvo.