La escuela inclusiva demanda no sólo cambios legislativos que reconozcan el derecho de todo alumno a ser parte del proceso educativo, sino de políticas públicas de impacto social que acompañen a la institución en su tarea formativa, porque por sí sola no va a resolver los problemas de desigualdad que enfrentan las naciones latinoamericanas, afirmaron especialistas de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En entrevista, Carolina Hirmas, responsable de la división de formación docente de la OEI en Chile, y Liliana Ramos, directora de la carrera de pedagogía en educación diferencial de la Universidad Diego Portales de ese país, insistieron en que no basta con que se apruebe en las leyes un modelo inclusivo de educación para que cambie automáticamente la práctica formativa.

Señalaron que a escala regional se ha avanzado en la construcción de una educación inclusiva. Sin embargo, reconocieron que aún debe profundizarse en el debate de lo que es una formación de calidad. La escuela inclusiva está directamente vinculada con la calidad de la educación. Y ahí está una pregunta para nuestros países. ¿Qué entendemos por calidad educativa?, afirmó Ramos.

Y agregó: Vamos a seguir exportando modelos de calidad de otros lados, sustentados en pruebas estandarizadas y en perspectivas que aluden a una sola comprensión, como si todos los estudiantes fueran iguales o aprendieran igual. Tenemos un sistema educativo en una región donde lo que abunda es la diversidad, por tanto la mirada debería ser cómo esas diferencias se coordinan, no cómo se anulan.

Tras señalar que no existe un modelo único de escuela inclusiva, consideraron que en América Latina se debe romper con el concepto de plantel especial, pues la inclusión no es un problema de los niños con discapacidad o de la formación especial, sino de la educación en general.