Uno de los principales riesgos de operación de la administración pública es la adjudicación directa de contratos que otorgan las dependencias y entidades de la administración pública federal a universidades públicas e institutos de educación, dependencias y entidades de los tres órganos de gobierno.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advierte que los procesos de adquisición se encuentran en riesgo cuando a la entidad pública que se le adjudican los contratos no posee la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida, y se excede el limite permitido de subcontratación (49 por ciento), de acuerdo con el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Tal circunstancia genera corrupción, fenómeno que se ha observado en la revisión de las pasadas tres cuentas públicas (2011, 2012 y 2013).

La ASF señaló que en el análisis del gasto federal se han detectado subcontrataciones en cien por ciento de lo ordenado por el contratante, que indebidamente se realizan sin observar las disposiciones en materia de licitaciones públicas, contrataciones que no acreditan que se garanticen las mejores condiciones al Estado, sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios, subcontratación de proveedores y prestadores de servicios que no existen, o bien que existiendo se encuentran en situaciones fiscales irregulares u omisas.

En algunos casos, se ha determinado que los servicios o adquisiciones subcontratados no fueron prestados, y en otros –cuando se convoca a licitaciones– se ha presentado la simulación por medio de la inclusión en la lista de ofertantes de empresas vinculadas entre si.

Así, en la primera –de cuatro reuniones de análisis de la cuenta 2013– la ASF considera que se hicieron evidentes riesgos estratégicos, de rendición de cuentas, de transparencia y de operación, principalmente en las políticas públicas relacionadass con la protección civil, política migratoria y la no violencia contra las mujeres.

Respecto de protección civil, el país está catalogado como una de las naciones con mayor riesgo ante fenómenos naturales que generan daños considerables. De 2007 a 2013 ocurrieron 3 mil 895 decesos por fenómenos naturales o humanos, y la población afectada ascendió a 13.4 millones de personas, y pérdidas económicas de 323 mil millones de pesos.

Por lo que toca a la política migratoria se determinó que el Instituto Nacional de Migración no dispuso de procesos ni mecanismos con los que pueda consultar o informar oportunamente a las autoridades responsables sobre la identificación de sujetos que ingresen o abandonen el territorio nacional. Tampoco contó con el Registro Nacional de Extranjeros, como lo mandata la ley, y careció de filtros de control en los puntos destinados al tránsito internacional de personas.

Al abundar sobre temas de género, la fiscalización determinó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “no dispuso del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar esas conductas ni acreditó el diseño de una política integral para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. No emitió ninguna declaratoria de violencia de género, aun cuando fueron presentadas solicitudes de alerta para los estados de Hidalgo y Guanajuato.