Aunque la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, se carece de información acerca del impacto de este mecanismo sobre la vulnerabilidad y exclusión social de los campesinos, así como sobre el costo y efectividad de las diferentes intervenciones o apoyos para atender su problemática y la de sus familias, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Hasta 2013, en el país había millón y medio de jornaleros agrícolas que con sus familias se van a trabajar a las principales zonas productoras, como el Valle de San Quintín, en Baja California, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En total, incluidos los parientes que viajan con ellos, son alrededor de 6 millones de personas las que se trasladan a los campos.

El programa tiene el objetivo de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y exclusión social de ese sector de la población y está dirigido a personas de 16 años o más que laboran como jornaleros agrícolas y a sus familias.

De acuerdo con la más reciente evaluación del Coneval sobre el desempeño del programa, sus objetivos no están correctamente definidos, contiene ambigüedades e inconsistencias, carece de un plan estratégico de mediano y largo plazos, y no tiene metas más allá de un año.

Agrega que los indicadores de fin y propósito no cubren los elementos mínimos necesarios para aportar información sobre su cumplimiento ni se pudo establecer la existencia de una estrategia de cobertura que abarque mediano y largo plazos; incluso, precisa, la cobertura no ha crecido sustancialmente.

Según sus reglas de operación, respalda la asistencia y permanencia escolar, otorga apoyo económico al arribo de las familias y proporciona ayuda alimenticia a los niños.