El presidente del Senado, Miguel Barbosa, aseguró que no se creó ningún régimen de excepción para el Congreso en la Ley General de Transparencia ayer aprobada y anunció que propondrá un periodo extraordinario de sesiones para después de las elecciones, a fin de aprobar el programa de restructuración administrativa y contable, que permitirá a esa cámara cumplir los requerimientos de información y rendición de cuentas.

Por separado, los senadores Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), y Alejandro Encinas, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comentaron que es tal la discrecionalidad y la opacidad con que se han manejado los recursos dentro de los grupos parlamentarios y hay tal desorden contable, que sin ese programa de reorganización –que debe estar listo a más tardar el 30 de agosto– el Senado no podría cumplir con la obligación de hacer público el destino del presupuesto anual que recibe y que este año fue de más de 4 mil 600 millones de pesos.

El senador Encinas recalcó que con las nuevas disposiciones se transparentarán las bolsas que se asignan a los grupos parlamentarios –de cerca de mil millones de pesos este año– y ya no será posible que se usen para fines distintos al Legislativo.

“El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no podrá, por ejemplo, usar recursos del Congreso para pagar publicidad electoral en cines o en espectaculares, ni el PAN podrá comprar un edificio –la Torre Azul– que luego le renta al Senado”, recalcó el también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las que dictaminaron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Las obligaciones que tendrán tanto la Cámara de Diputados como el Senado harán que “se pierdan en mucho los controles para el pastoreo de legisladores, con que ahora cuentan los coordinadores parlamentarios”, recalcó Encinas.

Expuso que se trata de una buena ley, pero habrá muchas resistencias para su puesta en marcha. Reveló que él no estuvo de acuerdo con el cambio que a última hora se introdujo, a petición de la mesa directiva y la Junta de Coordinación, pero entiende que es necesaria una reorganización administrativa.

Por separado, Gil Zuarth insistió en que es absolutamente necesario que haya reglas, lineamientos y métodos de comprobación de gastos uniformes, porque en la actualidad cada fracción se maneja de forma diversa y con gran discrecionalidad.

Los legisladores, por ejemplo, tienen un régimen laboral de excepción, con personal a su servicio. Las subvenciones, explicó, se entregan a cada grupo parlamentario y éste paga un conjunto de servicios. Su bancada, por ejemplo, mantiene a la Fundación Preciado.

Al inicio de la legislatura, la bancada panista se vio envuelta en un gran escándalo, cuando en las cuentas bancarias de los 38 senadores panistas, alguien depositó 400 mil pesos.

Nadie sabía para qué eran, cómo se iban a ejercer y quién los había autorizado y la idea es acabar con ese desorden administrativo”.

En entrevista aparte, el senador Barbosa insistió en que no habrá ningún centavo, ningún peso que se gaste, que no pueda ser conocido o revisado, por quien lo solicite.