El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da asesoría al Estado mexicano en el tema de los normalistas de Ayotzinapa llamó a las autoridades judiciales a analizarlo como un posible caso de desaparición forzada y no sólo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

De igual forma, solicitaron al gobierno que continúe buscando a los estudiantes agredidos, dé atención médica y sicológica a los familiares de las víctimas, resguarde adecuadamente toda la información sobre el caso y otorgue a los especialistas una copia electrónica completa del expediente.

En conferencia de prensa donde informaron sobre las actividades de su primera visita a México –realizada del primero al 19 de marzo–, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Francisco Cox señalaron que el equipo trabaja sobre cuatro líneas básicas: el proceso de búsqueda de los normalistas, la atención a las víctimas, las políticas públicas frente a la desaparición forzada y la investigación criminal.

Con respecto a este último punto, exhortaron a los jueces ‘‘a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de de-saparición forzada’’, ya que hay elementos que permiten suponer que eso fue lo que ocurrió.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, Buitrago subrayó que ‘‘hablar de homicidio, secuestro o de otro tipo penal no involucra bienes jurídicos internacionales’’, y en cambio catalogarlo como desaparición forzada hace que el delito sea reconocido como un crimen de lesa humanidad y por tanto de mayor relevancia.

‘‘Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada […] Los otros delitos son especializados o comunes, pero no con las características y la importancia de protección a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona’’ que tiene la desaparición, subrayó la jurista colombiana.

En el mismo sentido, Francisco Cox dijo que la relevancia de catalogar el hecho como un caso de desaparición forzada y no como secuestro y homicidio es que de esta manera se le consideraría un crimen de lesa humanidad y por ende sería imprescriptible.

Requieren copia del expediente

Por otra parte, los expertos de la comisión solicitaron que las autoridades les den una copia completa del expediente en formato electrónico, ya que hasta el momento sólo han tenido acceso a algunas partes (sin que ello implique alguna prohibición), y llamaron a que la Procuraduría General de la República (PGR) concentre todas las evidencias físicas del caso y fortalezca el registro de las mismas.

Asimismo, anunciaron que pedirán entrevistarse con elementos del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, por considerarlo importante para recabar más información por parte de instituciones ‘‘que conocen el caso o estuvieron presentes en algún momento de la noche’’ del 26 de septiembre de 2014, sin prejuzgar sobre su posible responsabilidad en los hechos.

Los especialistas resaltaron la necesidad de que el gobierno siga realizando labores de búsqueda de los normalistas desaparecidos, estableciendo hipótesis que no sólo se basen en la información brindada por los familiares de las víctimas y utilizando todas las tecnologías disponibles, como fotografías satelitales y dispositivos láser.

Sobre este punto, los enviados de la CIDH recalcaron que no tienen evidencias para afirmar que los trabajos de búsqueda hayan cesado. ‘‘Por el contrario, veo que se sigue trabajando en esa investigación, no se ha detenido. Se siguen practicando dictámenes periciales y se sigue recibiendo información’’, dijo Buitrago.

Con respecto a la atención a las víctimas, los analistas independientes pidieron que los familiares de los estudiantes reciban toda la ayuda médica y sicológica necesaria, y subrayaron la urgencia de tener una segunda opinión de un especialista en neurología en el caso del estudiante Aldo Gutiérrez Solano, actualmente en estado de coma por las heridas de bala que sufrió.

Tras recordar que su labor no es sólo estudiar el caso Ayotzinapa, sino formular recomendaciones generales sobre desapariciones forzadas, los expertos llamaron al Senado a crear una ley contra este delito apegada a los estándares internacionales en la materia.

Durante la conferencia de prensa, los expertos subrayaron en varias ocasiones que no van a sacar conclusiones preliminares ni a pronunciarse sobre la efectividad de las investigaciones u otros aspectos relacionados hasta que concluyan sus análisis y se hayan formado una opinión propia del tema.

Los especialistas de la CIDH anunciaron finalmente que su próxima visita al país se iniciará el próximo 6 de abril.