armen Aristegui dio un paso adelante en la caracterización del golpe dado contra ella y su equipo periodístico en MVS: no fue una decisión propia de los empresarios Vargas, dueños de la firma de radiodifusoras, sino una retorcida maquinación de poderes que aprovecharon la circunstancia para tratar de exterminar a un periodismo incómodo. El acerado posicionamiento hecho ayer por la noche por Aristegui (luego de que hubo de suspenderse, por exceso de concurrentes en desorden, la conferencia de prensa anunciada a las 2 de la tarde en el Museo de la Tolerancia) desembocó en una etiqueta histórica quemante: echeverrismo. Es decir, golpe al periodismo desde Los Pinos, como sucedió en el Excélsior de Julio Scherer.

Sin embargo, la periodista propuso a los Vargas reconsiderar la ruptura actual y los invitó a reunirse este lunes por la mañana para que las cosas sean devueltas a la condición original, sin más y sin menos. Si los esfuerzos de reconciliación no prosperaran, sólo quedaría el camino de solicitar el recurso judicial de amparo y el inicio de un largo litigio.

Con tales declaraciones, el campo de batalla parecería bien dispuesto (a menos que hubiera discretas negociaciones verdaderas en curso, que propiciaran un final feliz la mañana de este lunes). La responsabilidad histórica ha sido fijada por la periodista, mediante la etiqueta del echeverrismo, en Los Pinos, específicamente en Enrique Peña Nieto. Los Vargas quedan como meros instrumentos sometidos a las órdenes del gran poder. Y si no hay una vuelta sin condiciones a los micrófonos, la controversia se desenvolverá en el plano judicial, sin que se exploren en este momento alternativas de reconstitución radiofónica en frecuencias universitarias o públicas. ¿Echeverría habría reconsiderado? ¿Hoy, habrá reconsideración?

Hay una proclividad perniciosa de altos funcionarios de la actual administración federal a discursear o hacer declaraciones de prensa que pegan justamente en sus flancos más débiles y expuestos. Ayer tocó el turno del bumerán involuntario a Luis Videgaray, el beneficiario directo de una extraña (por usar un término conciliatorio) venta inmobiliaria a crédito en Malinalco. Reunido con los participantes en la décima Cumbre Financiera Mexicana LatinFinance, antes de la inauguración de la 78 Convención Bancaria en Acapulco, el secretario de Hacienda dijo que había pedido a los grandes manejadores de capital que haya más crédito y más barato.

La referencia a esos tratos generosos de los banqueros hacia los mexicanos en general volvió inevitable recordar las publicaciones de The Wall Street Journal acerca de una casa de campo adquirida con tasa muy preferencial de crédito por el ahora vapuleado Videgaray en el estado de México en octubre de 2012, cuando ya era sabido que se encaminaba, un par de meses después, a ser el virtual poder cerebral tras el trono peñista de fantasía, encargado de muchos ámbitos de poder, entre ellos el de la hacienda y el crédito públicos. Videgaray recibió esa casa de una empresa altamente beneficiada por el peñismo y sus operadores, Higa (la misma de la Casa Blanca de la señora Angélica Rivera), en el caso de Malinalco a través de una de sus vertientes, Bienes Raíces H&G. El WSJ apenas había reportado en esta semana que la casa en cuestión había sido vendida a Videgaray al mismo precio que el dueño de la firma, Juan Armando Hinojosa, la había comprado diez meses atrás, sin incluir el costo de inflación (lo que desmiente la versión del propio Videgaray de que la casa le fue vendida a estricto precio de mercado). Pero, a pesar de todo, Videgaray se aventó a hablar en el puerto guerrerense de la soga del crédito ventajoso como si no hubiera el antecedente de la(s) casa(s) ahorcadora(s) de Higa. Eso sí, cuando reporteros le preguntaron sobre la reciente nota del WSJ, el titular de la SHCP creyó ser ocurrente: si les parece bien, no voy a hacer ninguna declaración.

De entre los textos llegados a esta columna en relación con los concursos gubernamentales amañados para que queden como ganadores los recomendados por los directivos o sus facciones, destaca el de un lector que explica bien un sentir generalizado: los que tienen el poder “se empeñan en mantener un esquema del que ya se aprendieron muy bien el caminito (vía los responsables de recursos humanos y de sistemas, con consigna de los jefes) para ‘darle la vuelta’ al concurso con sofisticadas trampas que arrojan como resultado final una aparente designación de acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera, una ley que para nada supervisa la Secretaría de la Función Pública”.

Añade el lector que cada dependencia sólo simula la aplicación de convocatorias-temarios-exámenes, que dentro de sus procesos son en la mayoría de los casos alterados o manipulados de tal suerte que el ganador resulte el cuate, amigo, colaborador, recomendado, familiar, etcétera. Con ese esquema “le hacen perder su valioso tiempo a miles de profesionales, muchos de ellos de gran talento, que además de todo se desgastan estudiando temarios en muchos de los casos groseramente difíciles y ‘diseñados’ para descarrilar o disuadir a cualquier concursante. Es un tema importante, porque llevan años dinamitando los puentes para evitar que los mejores y más competentes accedan al servicio público por mérito propio, y no por la cercanía o favor de un funcionario con mayor jerarquía; han estado y están incubando un bando de gente que sólo tiene lealtades y no compromiso social y profesional con un país que hoy está más necesitado que nunca de gente en el servicio público que quiera hacer las cosas bien”.

Y, mientras es vista en YouTube la Historia de un concurso amañado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (http://bit.ly/1B7M71M), con los documentos que prueban que no hay la certidumbre y seguridad jurídica en la asignación de plazas diplomáticas y que se violó el acuerdo, bajo la firma de José Antonio Meade, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del año pasado, ¡hasta el próximo lunes!

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