El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que informe al Congreso sobre las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (en los ámbitos federal y estatal) que ejerzan dinero público y fondos de ahorro para trabajadores que hayan depositado o invertido esos recursos en Ficrea, y dé a conocer también el monto de los mismos.

Asimismo, solicita esa información sobre entes autónomos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, procuradurías, agencias, institutos, comisiones, fideicomisos y fondos públicos.

Los legisladores pidieron a la PGR y a las procuradurías de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila, así como a la CNBV y a la Auditoría Superior de la Federación que finquen responsabilidades a los entes públicos y sujetos mencionados anteriormente que hayan comprometido recursos públicos, así como del patrimonio de los trabajadores, particularmente de aquellos que corresponden a los tribunales superiores de Justicia de la ciudad de México y del estado de Coahuila.

Durante la sesión, el representante del PRI, Abel Salgado, recordó que la CNBV y la PGR actuaron para ejecutar la orden de aprehensión contra Rafael Olvera Amezcua, propietario de Ficrea, por la comisión de conductas fraudulentas, cuyo costo aproximaddo es de 2 mil 700 millones de pesos.

Resulta reprobable y lamentable la ligereza con que algunos funcionarios de Ficrea se condujeron al frente de ésta, y la evidencia señala que no era recomendable invertir en una empresa propiedad de Olvera Amezcua.

El panista Humberto Alonso recordó que la ingeniería del fraude en Ficrea consistió en la triangulación de recursos mediante dos contratos, implicando un doble adeudo: el primero con Ficrea (a través de la figura del crédito) y el segundo por el concepto de arrendamiento puro con empresas como Leadman Trade, Baus and Jackman y Monka Comercial.

Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, argumentó que las medidas solicitadas a la autoridad no son suficientes; lo urgente, insistió, es educar a la población, sobre todo a la más humilde, para que piense antes de utilizar instituciones como Ficrea, así como muchas otras cajas populares de ahorro que están defraudando a la gente. Es necesario que la Condusef utilice todas sus atribuciones, que no trate de lavarse las manos y que persista la educación.

Incluso, la representante de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, recordó que los ahorradores viven una precaria situación, y Ficrea reveló la necesidad de revisar a fondo la capacidad regulatoria del Estado mexicano. A poco más de un año de vigencia de la reforma financiera no podemos tolerar que se presenten casos como el de Ficrea, mucho menos que prevalezca la impunidad.