El Senado aprobó anoche la nueva Ley General de Transparencia, reglamentaria del artículo sexto constitucional, que obliga a los tres poderes de la Unión, organismos descentralizados, partidos políticos y sindicatos a rendir cuentas de los recursos públicos y de los actos de autoridad que ejerzan.

A excepción del Congreso, los poderes Ejecutivo y Judicial y los demás sujetos obligados deberán cumplir con la nueva legislación en el momento en que sea promulgada.

El Legislativo se dio un plazo inicial de cinco meses, hasta el 30 de agosto próximo, para elaborar un programa de reorganización administrativa de cuyo avance dependerá asumir las obligaciones genéricas y específicas que le impone la ley. ‘‘Ello implica que podrá ser dentro de un año, o dos, o de plano nunca’’, comentó en tribuna el panista Javier Corral Jurado.

Recalcó que eso no prestigia al Congreso, el cual no aplica para sí las obligaciones que impone a otros poderes, sino que actúa con manga ancha a su favor vía un artículo transitorio, el décimotercero, que establece ‘‘una zona de excepción y de impunidad jurídica’’ para el Poder Legislativo.

Diferir el cumplimiento de las normas de transparencia fue una propuesta inicial del PAN, que secundó ayer el PRI, cuya instrumentación motivó que la discusión de la ley se iniciara más de cuatro horas después de iniciada la sesión.

En ese lapso, los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas e integrantes de la mesa directiva del Senado se encerraron con los presidentes de las comisiones dictaminadoras para concretar ese cambio.

El argumento esgrimido por los coordinadores es que, además de cerca de 50 obligaciones que se imponen a todos los sujetos obligados, el Congreso tiene 12 adicionales en materia de transparencia que no puede cumplir de inmediato debido a la desigual contabilidad entre los grupos parlamentarios y a no contar con un sistema presupuestal efectivo.

Las obligaciones del Congreso son en torno a los recursos presupuestales que se le asignan y que en el caso del Senado son de 4 mil 572 millones 219 pesos para este año. Además, sobre los recursos que éste canaliza a los grupos parlamentarios, ‘‘así como el tratamiento fiscal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o en especie, que reciben los legisladores para realizar su función’’.

Igualmente, se incluye ‘‘transparentar el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones, así como las reglas relativas a la disposición de recursos públicos que no tengan la condición de dietas’’, según se detalla en el décimotercero transitorio.

Las comisiones dictaminadoras introdujeron en total 12 cambios de última hora al dictamen; el más relevante fue establecer que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) deberá presentar cada año un informe de actividades al Senado.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que se invirtieron más de 300 horas de trabajo para concretar esta ley, ‘‘en la que se establecen con toda claridad los principios, bases generales y procedimientos que garantizan el derecho a la información’’. A su vez, Cristina Díaz (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, resaltó que la ley abonará a que se termine ‘‘con los excesos e irregularidades que tanto han dañado a la administración pública’’.

El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, comentó que se estaba cerrando ‘‘un ciclo legislativo sin precedente en la historia de nuestro país’’, ya que se revirtió la ‘‘tentación de regresión’’ que se presentó en diciembre pasado, cuando el gobierno federal intentó introducir cambios que vulneraban la autonomía del Ifai y reducir la transparencia.

La senadora del PAN Laura Angélica Rojas resaltó a su vez que se trata de una ley ‘‘modelo’’ para otros países. Tanto ella como los 24 oradores de todas las fuerzas políticas que participaron en el debate destacaron que la ley establece que no podrá reservarse la información sobre violaciones graves a derechos humanos y que deberán hacerse públicos los nombres de altos contribuyentes beneficiados con condonaciones de impuestos. Incluye la obligación de transparentar la información en materia energética. La ley establece mayores responsabilidades a los sindicatos y los partidos; éstos deberán hacer públicos en detalle los procesos de selección de sus candidatos. El coordinador del PT, Manuel Bartlett, fue el único en votar en contra.