Brasilia.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció este miércoles una serie de propuestas de combate a la corrupción, en un intento de responder a las protestas del domingo pasado, en que salieron a las calles más de un millón de personas.

Desde Zurich se informó que la fiscalía general de Suiza refirió que ha descubierto más de 300 cuentas en más de 30 bancos suizos que cree que están vinculadas a lavado de dinero y corrupción en la estatal brasileña Petrobras.

Investigadores en el país europeo dijeron que indagan a ocho brasileños y a otras personas no identificadas después de que hallaron evidencias de que altos ejecutivos de Petrobras y proveedores usaron cuentas en más de 30 bancos suizos para lavar dinero.

Suiza ha congelado cerca de 400 millones de dólares en cuentas suizas, pero este miércoles dijo que devolverá 120 millones de dólares a funcionarios brasileños.

Rousseff presentó su paquete anticorrupción, que incluye la posibilidad de confiscar bienes de funcionarios públicos que acumulen un patrimonio incompatible con sus ingresos y no logren demostrar que fueron adquiridos con recursos legales.

Rousseff propuso convertir en delito penal el uso de recursos no declarados al fisco y a la Corte Electoral en campañas políticas, práctica muy usual en Brasil.

Las protestas del domingo fueron motivadas principalmente por el escándalo en Petrobras, donde, según el Ministerio Público, una red ilegal operó entre 2004 y 2012, y desvió recursos de contratos de la empresa para pagar sobornos y financiar partidos políticos, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), una trama en la que se movieron casi 4 mil millones de dólares.

Pese a que presidió durante ocho años el consejo de administración de Petrobras, Rousseff negó conocer las prácticas ilegales de la empresa, y no está entre los políticos investigados por nexos con el esquema de corrupción.

Las denuncias de corrupción y el estancamiento económico aliado a una inflación en aumento han agravado el desgaste de la imagen política de Rousseff, quien inició su segundo mandato el 1º de enero pasado.

Una encuesta del Instituto Datafolha reveló que la tasa de rechazo a su gestión subió a 62 por ciento, la más elevada desde septiembre de 1992, cuando el repudio a Fernando Collor de Mello llegó a 68 por ciento, semanas antes de que el entonces presidente fuera separado del cargo para enfrentar un juicio político por corrupción.

Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia rechazó una solicitud presentada por legisladores opositores para incluir a Rousseff entre los investigados por el fraude a Petrobras, debido a errores técnicos.

Esa trama tiene bajo investigación a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores, entre otros. Esta semana, la fiscalía general denunció formalmente a 27 personas, entre ellos al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari Neto, por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

El ministro brasileño de Educación, Cid Gomes, renunció a su cargo tras llamar extorsionistas y oportunistas a miembros del Congreso, controlado por el oficialismo, luego que el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) condicionó mantener su apoyo al gobierno a la salida del ahora ex funcionario.

En este contexto, el presidente del Senado, Renan Calheiros, del PMDB anunció, tras reunirse con Rousseff, que apoyará los proyectos para el gobierno, incluyendo medidas de ajuste fiscal.