Aproximadamente 10 por ciento de los juicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) están relacionados con desarrollos inmobiliarios, entre ellos los juicios de lesividad promovidos por el gobierno de la ciudad al constatar irregularidades cometidas por las empresas, sostuvo Estela Fuentes Jiménez, ratificada ayer en el cargo de magistrada del órgano jurisdiccional por el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF).

En entrevista, luego de rendir protesta en el recinto legislativo, refirió que con la decisión del gobierno de la ciudad de suspender en diciembre de 2012 la norma 26 en materia de vivienda de interés social y popular –por los abusos cometidos por desarrolladores que al amparo de ésta construyeron y vendieron departamentos de lujo– se dejaron ya de recibir juicios vinculados con violaciones a ese ordenamiento.

Además de los juicios iniciados por la autoridad, el tribunal recibe asuntos promovidos por vecinos y empresas contra visitas de verificación, clausuras, multas y demoliciones de construcción.

En la comparecencia ante la ALDF en diciembre pasado, la presidenta del TCADF, Yasmín Esquivel Mossa, refirió que el organismo recibe un promedio de 12 mil asuntos al año. Fuentes Jiménez señaló que la mayoría están relacionados con derechos de suministro de agua, impuesto predial y multas de tránsito.