A tres semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exigencia de acreditar causales para conceder un divorcio, aún prevista en la mayor parte de los códigos civiles de las entidades del país, y varios juzgados y tribunales del país ya han rechazado conceder 350 amparos en los que quejosos alegaban que disolver matrimonios sin acreditar causal atenta contra la garantía de protección a la familia.

Veracruz, Morelos y Zacatecas son las entidades donde se han negado más amparos a partir de la jurisprudencia aprobada recientemente por la primera sala de la Corte.

El pasado 25 de febrero, durante una larga sesión, dicha sala, integrada por cinco ministros, aprobó (tres votos contra dos) la jurisprudencia en la que rechaza la acreditación de causales prevista en los códigos de Veracruz y Morelos, con un criterio que obligará a los jueces de lo familiar de todo el país a conceder divorcios en automático.

Previo a la entreda en vigor de esa jurisprudencia, los juicios de divorcio se convertían en un calvario para cientos de parejas que tenían que esperar entre dos y ocho años para quedar separados legalmente.

La SCJN se inclinó por la jurisprudencia que obliga a los jueces a aplicar el divorcio exprés, bajo la premisa constitucional y convencional (fundada en tratados internacionales vinculados con derechos humanos) que refiere en el ordenamiento mexicano: el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros.