La instrucción presidencial de que se destinen mil 750 millones de pesos a la compra de 11 mil 600 tractores favorecerá a medianos y grandes productores, pues la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación obliga a los campesinos a entregar su solicitud para recibir 150 mil pesos de financiamiento y esperar la instauración del expediente en los centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader).

Es una decisión burocrática, ya que los responsables de los Cader serán quienes determinen si aprueban la petición y la trasladarán a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; es una duplicidad de funciones y obstaculiza el acceso al crédito, afirmó Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Otro de los obstáculos, dijo, es que se sujeta a los campesinos a adquirir el tractor a determinadas empresas –no especificó nombres–, las cuales además elevaron el precio del tractor de mayor demanda, de 125 caballos de fuerza, el cual pasó de 740 mil a 800 mil pesos, y advirtieron que sus precios están en dólares, por lo que seguirán variado por la devaluación del peso frente a la moneda estadunidense.

El dirigente de la UNTA apuntó que los programas de beneficio para el campesinado se quedan en buenas intenciones; diversos gobiernos han prometido ampliar la mecanización en el campo, pero el burocratismo ha obstaculizado ese avance.

Agregó que ante el anuncio gubernamental de llevar a cabo una compra tan importante, las empresas deberían bajar los precios, pero actúan en sentido contrario y el gobierno no interviene para llegar a un acuerdo. Expresó que 600 campesinos integrantes de la agrupación de Guanajuato, Guerrero y Chihuahua quieren el subsidio, pero se han topado con la burocracia.