Diputados e investigadores insistieron en que el agua no debe ser vista como negocio, y resaltaron que el espacio abierto para la revisión del dictamen debe servir para escuchar las opiniones que fueron bloqueadas en las comisiones que aprobaron el documento fast track.

El diputado Javier Orihuela García (PRD), quien impulsó la semana pasada el foro sobre la ley de aguas nacionales, expuso que deben considerarse las propuestas y preocupaciones de académicos, científicos y especialistas.

Ello, recordó, porque las universidades han denunciado que la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), retomada por PRI, PAN y PVEM, transgrede irrespetuosamente a la academia.

Recordó que los investigadores alertaron sobre los riesgos de que el agua no sea considerada derecho humano y las sanciones que la Conagua pretende imponer a científicos cuando quieran realizar estudios sobre la calidad del líquido.

Durante el foro, el presidente de la Comisión de Cuencas de los ríos Amecameca y La Compañía planteó considerar el líquido como recurso indispensable para preservar el medio ambiente y la vida, no sólo con la visión económica que quiere darle el gobierno federal.

Expresó que la iniciativa ciudadana sobre el uso del agua se basa en el respeto y la justicia. Además, es coherente con los intereses de todos. Incluso, planteó considerar un manejo ciudadano del líquido.

Úrsula Ozwald Spring, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que el dictamen aprobado en las comisiones de Agua Potable y Recursos Hidráulicos limita el recurso hídrico nacional, lo que complicaría aún más su preservación.

Señaló que 105 acuíferos están sobrexplotados y un mal manejo incrementaría la vulnerabilidad del país por inundaciones y sequías.

Ante el fondo del proyecto gubernamental, expresó que una ley de aguas no debe beneficiar sólo a un grupo económico. Sugirió a la cámara incluir en la revisión del dictamen a todos los sectores, así como a los 450 especialistas en el tema, movimientos sociales, grupos no gubernamentales, ciudadanos y sindicatos, con el enfoque de revalorar el recurso como un derecho humano.

Por su parte, la diputada Lorenia Valles Sampedro (PRD) dijo que la ley de aguas que se aprobó en comisiones sí es privatizadora, aunque lo nieguen. No contiene sólo un artículo, sino varios que muestran claramente que ese es su objetivo.

Rechazó que los críticos de la ley estén desinformados, porque quienes han hecho observaciones específicas son especialistas en la materia, académicos de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones con investigaciones especializadas en geografía, geofísica e hidrología.