San Luis Potosí, SLP.

De los 32 ranchos que contratan jornaleros agrícolas en San Luis Potosí, 30 no ofercen alojamiento digno para estos trabajadores, informó Lilia del Carmen Romero, encargada de formación y sistematización de proyectos de la organización Respuesta Alternativa, AC.

La organización civil investigó las condiciones de trabajo agrícola en los municipios de Matehuala, Villa de Arista, Guadalcázar, Vanegas, Cedral, Catorce y Villa de Guadalupe, donde se asientan los 32 ranchos, cada uno de los cuales contrata entre 200 y 500 jornaleros.

Respuesta Alternativa encontró que 46 por ciento de los trabajadores descansan en barracas de piso de tierra sin un espacio específico para la preparación de alimentos. En 15 ranchos no hay sanitarios ni agua y en dos los jornaleros tienen que improvisar su alojamiento; en algunos ni siquiera hay energía eléctrica.

En dichos centros de trabajo se violan de manera persistente los derechos laborales y humanos de los jornaleros. Las contrataciones son usualmente irregulares, a través de enganchadores, quienes reciben los salarios de los trabajadores y les descuentan gastos de transporte, alimentación y renta, y comunicación telefónica.

Se constató que durante las horas de trabajo los jornaleros están expuestos al sol sin agua potable, así como a fertilizantes y pesticidas.

En cuanto al alojamiento, los jornaleros tienen tres alternativas: en los ranchos, en los albergues de la Secretaría de Desarrollo Social (dos en el municipio de Villa de Arista y uno en Vanegas) o en cuartos que rentan hasta por 600 pesos mensuales. En la mayoría de los ranchos hay hacinamiento.

En uno de los tres albergues de la Sedesol en Vanegas, los jornaleros reportaron que los colchones tienen chinches, por lo que prefieren dormir en cobijas tendidas sobre el piso.

Solamente dos ranchos, uno en Vanegas y otro en Villa de Guadalupe, cuentan con sanitarios, electricidad, agua y cocina.

El reporte señala que sólo cuatro ranchos disponen de servicios médicos: uno con enfermería y otro con médico y enfermera. En otros dos, los jornaleros entrevistados mencionaron que les han dicho que cuentan con seguro social, pero no tienen evidencia de ello.

Hubo reportes de enfermos a quienes los empleadores no les brindaron atención médica y, en cambio, se cometieron despidos injustificados. Asimismo, se reportaron accidentes de trabajo y sólo a dos empleadores se les dio apoyo para medicinas.

Por otro lado, hay una clara inexistencia de servicios educativos y de guarderías en los ranchos, lo cual impide que los menores tengan oportunidades educativas y de desarrollo a las que tienen derecho, según la Ley Federal del Trabajo y la Convención de los Derechos del Niño, asienta el reporte de la asociación civil.

Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pidió al comité interinstitucional para combatir los abusos contra migrantes que invite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar seguimiento al trabajo de la organización no gubernamental.