La Procuraduría Social (Prosoc) del Distrito Federal destinó durante tres años recursos para la construcción de un salón de usos múltiples en la unidad habitacional ex Lienzo Charro –ubicada en la delegación Iztapalapa–, que en total costó un millón 750 mil pesos.

Integrantes del consejo vecinal del conjunto, que alberga a 650 condóminos, denunciaron que también se destinó presupuesto para obras que no se realizaron, como impermeabilización y reparación de calles y banquetas.

Los proyectos, agregaron, fueron avalados por administradores externos, que no viven en la unidad, pero forman parte de la corriente política Movimiento de Equidad Social de la Izquierda (Mesi) del PRD, que lideran la diputada local Dione Anguiano y su esposo, Alfredo Hernández Raigosa, actual titular de la Prosoc.

De acuerdo con información de dicha dependencia capitalina, obtenida por los vecinos en la oficina de información pública, los proyectos se gestionaron cuando el comité de administración estaba integrado por Olivia Acevedo, quien trabajó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para la entonces diputada local Karen Quiroga Anguiano, y Osvaldo Méndez Pérez, actual consejero estatal del PRD por Mesi.

En 2010, según la documentación proporcionada a este diario, el comité de administración de la unidad obtuvo recursos del programa social Ollin Callan para la edificación de un salón de usos múltiples.

Esta misma obra fue financiada dos años más, incluso en 2014 se pretendía otorgar un presupuesto adicional de 550 mil pesos para colocar el piso y hacerle arreglos generales, a los que la comunidad se opuso ante lo oneroso del proyecto y la falta de transparencia en la aplicación de los recursos.

Los condóminos indicaron que en este caso para justificar el gasto se construyó un jacalón que está en desuso, pero en otros ni siquiera se cumplió con la obra comprometida. En 2013 se obtuvieron 940 mil pesos destinados a mejorar calles y andadores en la unidad, que nadie sabe dónde se aplicaron.

Reciben amenazas

Los vecinos señalaron que constituyeron un consejo vecinal para resolver exclusivamente el asunto de las inundaciones que afectaron la unidad, pero se ha mantenido al margen de otros temas. “Decíamos: ‘mientras no nos molesten, que se peleen entre ellos’, pero el problema surgió cuando decidimos iniciar los trámites para tener la representación ante la Prosoc”, comentaron.

Detallaron que la dependencia capitalina dilató y puso todo tipo de trabas para emitir la convocatoria para realizar la asamblea en la cual se someterá a votación a los representantes. Buscando la razón, supimos de estas anomalías. Esta unidad y otras, según nos hemos enterado en el camino, se han convertido en una mina para este grupo político, expusieron.

Los vecinos denunciaron que ya han sido objeto de agresiones por parte de operadores de los perredistas, quienes los han amenazado con reventar la asamblea programada para el próximo 21 de marzo.