Grupos de propietarios de artefactos tragamonedas no autorizados por la Secretaría de Gobernación (SG) están en la indefensión ante la autoridad, acusan abogados de las nacientes organizaciones de ese sector.

Según la SG, hay unas 115 mil máquinas tragamonedas ubicadas mayoritariamente en comercios pequeños de barrios populares. La dependencia continúa con la campaña contra esa modalidad y afirma que hasta ahora ha decomisado 25 mil aparatos.

Ante ello, se han constituido algunas asociaciones, como la Unión de Comerciantes al Servicio de la Comunidad de Juegos y Diversiones (Unicom), dirigida por Eduardo Aguilar Godínez, así como la Unión Nacional de Maquineros (Unama), encabezada por Araceli Gutiérrez.

Con algunos matices, ambos representantes señalan que los operativos encabezados por Gobernación incluyen a policías federales y agentes ministeriales armados, así como un grupo de cargadores, contratados para subir a camiones de redilas los artefactos. De acuerdo con videos difundidos por estos grupos, cuando los afectados exigen un documento que sustente el operativo al que califican de robo, los agentes y funcionarios sólo les dicen que las máquinas son ilegales y que si quieren más información serán llevados al Ministerio Público en calidad de presentados.

La Dirección General de Juegos y Sorteos de la SG, sin titular desde la semana pasada, luego de la salida de Marcela González Salas, ahora candidata a diputada federal por el PRI, sostiene que las máquinas tragamonedas prohibidas por la ley son una fuente de corrupción de menores, su uso no es un juego, es una adicción que abre la puerta a la delincuencia. Tenemos información de que detrás del uso e instalación de estas máquinas existe una amplia red de delincuencia organizada. De acuerdo con información obtenida mediante Gobernación estas máquinas, a escala nacional, generan un ingreso aproximado de 600 millones de pesos semanales.

Los maquineros intentan refutar los argumentos del gobierno federal. Sin embargo, en el Poder Judicial se topan con el artículo 129 de la Ley de Amparo, el cual prohíbe a jueces conceder suspensiones para frenar clausuras.

Pese a ello, continúan en algunos litigios. En uno, promovido por la Unama lograron que un juez pidiera a Gobernación profundizar en sus argumentos, porque la respuesta original es dogmática, aduce sin razonamiento que las máquinas están prohibidas, pero no analizó el mismo con el que se pretendía demostrar que la máquina de Pin Balla es un equipo de diversión, pasatiempo o recreo.

Denuncian que los ejecutores de los operativos no respetan la custodia de lo que se llevan y/o eventualmente la destrucción de los artefactos.

“Los ministeriales entran a los negocios abruptamente quitando cadenas, aventando a la gente que intenta oponerse. Quitan los celulares y sólo señalan, ‘sus máquinas son ilegales’”, comentó el líder de la Unicom. Dijo que han pedido a los agentes pagar una multa, como lo establece la actual Ley de Juegos y Sorteos, pero en el mejor de los casos los uniformados sólo les responden su actividad no es legal, no está regulada.

Los maquineros, propietarios de aparatos de videojuegos o similares que llaman de destreza, no de apuestas, buscan ser regularizados, lo cual incluiría –admiten– el pago de impuestos y el ordenamiento federal.

Ante la denuncia, la SG les responde por escrito que si consideran que han sido vulnerados en sus derechos es obligación ciudadana ponerla en conocimiento de la autoridad persecutora competente.