l recién designado cardenal de la arquidiócesis de Morelia, Alberto Suárez Inda, de inmediato se sumó al coro de voces que han afirmado que detrás de la larga y dolorosa jornada sostenida por los padres de familia y los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la búsqueda de sus hijos y compañeros desaparecidos, existen intereses y motivaciones políticas que trascienden al reclamo del retorno con vida de estos jóvenes y la exigencia de justicia ante la masacre perpetrada en Iguala. El nuevo purpurado cardenalicio aseguró percibir manipulación y cierta tendencia política de intereses que se aprovechan del dolor de los padres de familia para promover insurrecciones. Con esta afirmación ha pretendido negar el genuino sufrimiento y justeza de la lucha de los familiares y los delata como presuntos cómplices o instigadores de pretendidas insurrecciones. La aseveración induce a la represión de quienes supuestamente están implicados en tales acciones. El estreno pastoral del príncipe de la Iglesia católica no pudo ser más desafortunado.

Contrasta su actitud con la manifestada por el nuncio apostólico, Christophe Pierre, quien en diciembre pasado acudió a Ayotzinapa y ofició una misa para los padres de familia, a los que dijo: la Iglesia camina con ustedes, estamos con ustedes y también el Papa está con ustedes. Así como con el compromiso y acompañamiento solidario de sacerdotes de comunidades de la Montaña guerrerense. Al parecer, tras haber escalado un peldaño más dentro del alto clero, Suárez Inda se asumió en continuador y émulo de Abad y Queipo, obispo de Michoacán durante la lucha de Independencia, persecutor de Hidalgo y autor de la infame excomunión del cura insurgente. Y al igual que en aquella época, la jerarquía eclesiástica católica ha optado por defender el trono imperial para resguardar el altar y los privilegios concedidos y compartidos con el poder del Estado y dar la espalda e incriminar a quienes padecen por sus hijos desaparecidos.

En días previos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había exigido al gobierno federal contener en forma definitiva las acciones violentas de las movilizaciones por Ayotzinapa, según se afirmó, realizadas por grupos que utilizan este tema para dañar instalaciones de empresas privadas y edificios públicos, lo cual afecta gravemente las inversiones, la gobernabilidad y fractura la convivencia social. El presidente de la agrupación, Gerardo Gutiérrez Candiani, al referirse a la condena social sobre la violación de los derechos humanos de los jóvenes masacrados y desaparecidos en Iguala, aprovechó para señalar: no nada más se tienen que defender los de los delincuentes. En sentido similar se pronunció el piadoso empresario Roberto Servitje, ex presidente del consejo de administración del consorcio Bimbo, al recalcar la existencia e inconformidad de grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene.

Complementando la postura empresarial, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, hace un par de meses propuso dar vuelta a la página al caso de Ayotzinapa, tal como se ha hecho con otras tragedias en el país e indemnizar a sus familias para darlo por concluido; además puntualizó: todos sabemos que grupos guerrilleros se han cobijado en la desgracia de estos 43 muchachos. En fechas más recientes, advirtió amenazador a los padres de familia: por ningún motivo permitiremos que se metan a los cuarteles, ya que significaría introducirse a las entrañas del Ejército Mexicano, a su parte más íntima: no aceptamos que se abran los cuarteles para nadie. Su declaración resultó trascendente y esclarecedora, fue externada ante dos connotados asistentes a un encuentro con la cúpula empresarial: el almirante Vidal Francisco Soberón y el general Salvador Cienfuegos, secretarios de Marina y Defensa Nacional, respectivamente. Los militares callaron y no hubo un solo comentario sobre lo dicho por Solana en nombre del empresariado nacional. Ambos acudieron a firmar un convenio de colaboración entre las fuerzas armadas y el CCE, justo cuando éstos incitan a la aplicación de mano dura y la contención castrense de la protesta social.

La convergencia clerical, empresarial y militar ante la masacre de Iguala y sus secuelas no es gratuita y demuestra su alineamiento con la postura gubernamental que pretende dar por esclarecidos los crímenes de Iguala, así como ubicar a los autores intelectuales y culpables únicamente a nivel de los narcopolíticos municipales y exonerar al Ejército y otros organismos de seguridad del Estado. Son los principales aliados y sostén fundamental del gobierno de Peña Nieto y puntualmente han actuado en tal condición. Por eso se han sumado a la excitativa presidencial para que el país no se quede atrapado en la tragedia de Ayotzinapa y aceptado la tramposa verdad histórica fabricada por el gobierno federal. Pese a ellos, la lucha por la verdad sobre la masacre de Iguala no podrá ser cercenada, los padres de familia y los normalistas rurales caminan al lado de multitudes indignadas y solidarias.