n mes después de que se cumpliera el mecanismo unipersonal por el cual se sigue designando a los candidatos que desde el PRI se convierten, casi sin excepción, en autoridades, Ivonne Álvarez no debió sorprenderse de que una asamblea de delegados coincidiera puntualmente con esa designación y la aclamara su candidata para contender por el gobierno de Nuevo León. El criterio para designarla fue el de contar con la mayor popularidad entre quienes aparecieron como aspirantes (negociables) al puesto.

El populómetro estuvo a cargo de una empresa encuestadora –donde participaba la fallecida María de las Heras– que ha mostrado con frecuencia un sesgo partidista. Su rutina consiste en mantener a la candidata de PRI-PVEM arriba de los demás candidatos. Extraña, aunque no tanto, que los medios de mayor penetración transcriban sus resultados en términos de línea oficial.

La sorpresa se produjo en el PAN. Margarita Arellanes, dueña de una imagen sostenida a base de dinero y alianzas con el grupo vinculado a los casinos, fue derrotada en la elección interna por Felipe de Jesús Cantú, anterior presidente municipal de Monterrey. Pocas horas antes de la elección, el grupo aquel que apoyaba a la alcaldesa de la cabecera de este municipio dejó de hacerlo para apoyar a su contrincante.

El de las campañas electorales es un ámbito de negocios turbios y maniobras mafiosas. No existe el menor interés por las condiciones de vida de la población. El bipartidismo –el mismo que ha hecho del crimen organizado un crimen coorganizado, según se pudo constatar en el nombramiento de Eduardo Medina Mora como magistrado de la SCJN– gobierna en Nuevo León para una minúscula élite y en contra de la abrumadora mayoría.

En el tumultuoso vocerío de los espots no se escucha una sola voz que se refiera a los grandes problemas del estado. Esta vez hay uno que tiene dimensiones nacionales. Se trata del proyecto Monterrey VI. Su inicio, en contra de la opinión pública, no se explica en el último tramo de un gobernador sino por el hecho de que Peña Nieto tiene sumo interés en que se lleve a cabo; al grado, como se puede ver en el contenido de la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, de privatizar este bien de la nación.

El principal beneficiario del pretendido despojo, en lo inmediato, sería el sospechoso Grupo Higa, y después las empresas que consumen mayor cantidad de agua para sus procesos. Por el momento su trámite fue detenido por la presión de los partidos de izquierda y varias organizaciones civiles, entre ellas la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la coalición Agua Para Todos. Otra presión, consecuencia de aquella, provenía de la que representan las elecciones. Una vez concluidas habrá que prepararse para no dejar pasar esa y leyes semejantes ante el bipartidismo adicto al mercadeo.

El proyecto Monterrey VI es de hecho el que está marcando la diferencia entre los candidatos de la oposición y la candidata del PRI. Apenas ungida, Álvarez fue lo primero que se comprometió a garantizar; y más todavía, a dar continuidad al gobierno que encabeza Rodrigo Medina. La ex senadora no parece haber leído El elogio de la traición ni saber, por tanto, lo que significa la negación en la real politik.

Monterrey VI se ha encontrado con una oposición de diversos sectores locales, incluidos algunos de los empresarios y la banca. Y es que ha sido evidente el ocultamiento gubernamental del contrato y la inexplicable elevación de su costo, lo cual permite inferir corrupción por los antecedentes del Grupo Higa y su condición de constructora favorita de Peña Nieto; evidente también ha sido lo innecesario de su construcción.

En 2015 los habitantes de Nuevo León estaríamos padeciendo sed, según los pronósticos alarmistas de las autoridades estatales para justificar la megaobra. Este año las presas han registrado más de 120 por ciento de su capacidad. Jesús Hinojosa, anterior director de Agua y Drenaje de Monterrey, había previsto que Nuevo León contaría con agua por dos décadas; ahora asegura que pasarán 35 años antes de que pudiera carecer de ella. El gobernador Medina ha dicho que las críticas al proyecto tienen un motivo electoral. Esto mismo se lo tendría que echar en cara al clima: sigue lloviendo.

No más proyectos como Monterrey VI ni más casinos como el Royal ni más deuda, ha prometido Fernando Elizondo, el candidato de Movimiento Ciudadano. Y en parecidos términos se ha pronunciado Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente –otra sorpresa– al que las famosas encuestas sitúan entre el segundo y el tercer lugar de las preferencias de voto. Más cauto se ha mostrado Felipe de Jesús Cantú, el candidato del PAN: ha dicho que revisará el proyecto. Lo mismo, al cabo, tuvo que afirmar Ivonne Álvarez. ¿Lo podrán revisar cuando ya esté en marcha?

El agua será en el siglo XXI un energético tan disputado como el petróleo. Pero quienes nos gobiernan están lejos de buscar soluciones de largo plazo. Estas soluciones tienen que ver con la rehabilitación y recarga de los acuíferos naturales existentes y con detener, en seco, su contaminación. Todo empieza por la reforestación de las miles de hectáreas que han sido expuestas a la desertificación. Nuevo León es esencialmente el área metropolitana de Monterrey. Y aquí se han cometido verdaderos ecocidios.

Los partidos más grandes no garantizan el cuidado del ambiente y, más aún, han dado prueba de atentar contra el derecho al bien primordial de la humanidad que es el agua.