Buenos Aires.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó los archivos secretos de la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en julio de 1994 dejó 85 muertos, centenares de heridos, y destruyó además de causar daños severos en los alrededores del inmueble.

El decreto del poder ejecutivo oficializó la apertura de la totalidad de la información que estaba bajo la custodia de la Unidad Fiscal Especial (UFI-AMIA) que investiga el hecho.

También el mismo decreto abarca todo lo que sea documentación adicional que mantenía la ex Secretaría de Información del Estado (SIDE) remplazada ahora por la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), creada por este gobierno, que también logró una ley con transformaciones importantes para democratizar esta institución estatal.

También se refiere a cualquier otra nueva documentación, informe, o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación, que obren en poder de la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación.

En el decreto se señala que esta es la respuesta al pedido del equipo de la UFI-AMIA que apunta a desclasificar la totalidad de la documentación que oportunamente fue objeto de consulta en el marco de la Unidad de Relevación de Información, la cual fue remitida -'en custodia'- a esa unidad con el fin de garantizar el pleno acceso de las partes a dicho documental.

Agrega que la Unidad Fiscal también sostuvo en su pedido que teniendo en cuenta que desde la remisión del material aludido han transcurrido diez años si existe nueva documentación informe o archivo que no hayan sido aportados oportunamente a la causa y que pudiera resultar de interés se proceda a su desclasificación y envío a esa sede, todo lo cual figura en el decreto gubernamental”.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró este viernes que esto permitirá investigar y analizar cada segundo de lo que se hizo.

La causa de la AMIA fue obstaculizada desde sus primeros tiempos por la intervención de las inteligencias de Estados Unidos e Israel (CIA y MOSAD respectivamente) que desviaron toda pista que no condujera hacia Irán, a pesar de que no existen pruebas concretas.

Por otro lado, la fiscal Viviana Fein a cargo de la causa que investiga la muerte del ex fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman ordenó a las empresas de telefonía celular Claro y Nextel que no eliminen de sus servidores los registros de llamadas, mensajes de texto, chats, whatsapp y todo otro soporte de comunicación que el fallecido magistrado hubiera realizado, con entradas y salidas desde sus teléfonos celulares.

Esto lo decidió en resguardo de las comunicaciones de Nisman, quien fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento el 18 de enero pasado. Las primeras investigaciones determinan la ausencia de terceros y apuntaron hacia un suicidio.

Nisman interrumpió en forma sorpresiva sus vacaciones para presentar una denuncia el 14 de enero, contra Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros, por supuestamente haber realizado un pacto con Irán destinado a encubrir a funcionarios y diplomáticos de ese país, acusados -sin pruebas- de ser responsables del atentado contra la AMIA.

La denuncia no tenía ninguna prueba y su contenido era contradictorio. Hasta ahora no se sabe quien lo hizo regresar a Argentina y quien le pasó el texto de una denuncia que es casi imposible que haya escrito un abogado y menos un fiscal.

También la investigación sobre el caso Nisman están bajo la presión de una serie de conclusiones que parecen extractadas de una novela policial y en esa confusión ayuda aquí la prensa opositora:

La medida tomada por Fein para resguardar todas las comunicaciones de Nisman fue dispuesta debido a que las empresas de telefonía celular conservan los registros de sus usuarios sólo por un período de 60 días.

Además, teniendo en cuenta que las pesquisas sobre estas llamadas y las computadoras del fiscal fallecido fueron interrumpidas por un pedido de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman y querellante, porque podrían afectar la intimidad de la familia lo que sustrae de la investigación una de las pruebas claves en esta situación. Arroyo Salgado intenta imponer la tesis de un homicidio.