La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió al gobierno federal detener el proyecto submarino Don Diego, de la empresa Exploraciones Oceánicas, filial de la estadunidense Odyssey Marine Explorations, que pretende dragar 912 kilómetros cuadrados de la Bahía de Ulloa, Baja California Sur, zona que coincide con un área declarada como refugio para la protección de la tortuga amarilla.

El proyecto consiste en dragar el fondo marino a una profundidad de 60 a 90 metros para extraer anualmente 7 millones de toneladas de arena fosfática durante los próximos 50 años, con el objetivo de producir 3.5 millones de toneladas de fósforo, de acuerdo con la manifestación de impacto ambiental emitida por la firma. El producto final sería destinado a la fabricación de agroquímicos, lo que contribuirá a contaminar aún más el planeta.

La organización ambientalista exigió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de aprobar el proyecto, no otorgar ningún permiso ni autorización y detenerlo de manera definitiva, pues estas actividades extractivas tendrían graves impactos sobre mamíferos marinos de la zona, incluidas las ballenas.

Señaló que esto constituirá una grave violación a los derechos de los pescadores de la zona, ya que el proyecto minero submarino Don Diego se encuentra dentro de la concesión que la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) otorgó a la sociedad cooperativa de producción pesquera Puerto Chale.

Además, denunciaron acciones represivas de la empresa y su consorcio en contra seis personas –dos activistas, tres integrantes de la cooperativa de producció pesquera Puerto Chale, y el periodista Carlos Ibarra–, quienes por oponerse al proyecto minero enfrentan ahora una demanda penal por atentar en contra del consumo y riquezas naturales. Exigieron a las autoridades competentes que aseguren la protección de los seis inculpados y responsabilizaron a la empresa de cualquier atentado a su integridad.

El proyecto minero, que se localiza dentro de la Zona Económica Exclusiva de México, en la Bahía de Ulloa, está subdividido en cinco etapas de trabajo (una por cada zona de labores), que serán desarrolladas en etapas aproximadas de 10 años cada una, para un periodo total de 50 años. Actualmente está a la espera del resolutivo de la autoridad ambiental.