Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer en comisiones la ley general de transparencia y se espera que sea votada por el pleno durante la próxima sesión. En el nuevo ordenamiento se establecen las obligaciones de los tres poderes de la Unión, de todos los niveles de gobierno, de los órganos autónomos, de los partidos políticos, de los fondos y fideicomisos, así como de los sindicatos, de hacer pública la información sobre los recursos del erario que les asignen.

También se aprobó uno de los puntos más conflictivos de la legislación –que para el PRI era inaceptable–, ya que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) podrá abrir toda la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sin esperar que el órgano competente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo califique previamente.

Además, se incluyó otro de los puntos que los senadores del PRI pretendían dejar fuera, que consiste en dar a conocer los montos y nombres de personas físicas o morales beneficiadas con la condonación del pago de impuestos.

En la nueva ley, que se aprobará el próximo miércoles, se faculta al Ifai a imponer sanciones que van de 50 días de salario mínimo (3 mil 505 pesos) hasta mil 500 días (105 mil 150 pesos) a los funcionarios y las personas físicas o morales que no cumplan las resoluciones del organismo. Esta atribución no estaba incluida en el dictamen original.

El artículo 5 del dictamen aprobado en comisiones subraya que no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Y el artículo 115 precisa que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Los presidentes de las comisiones dictaminadoras –el pevemista Pablo Escudero, de Anticorrupción y Participación Ciudadana; la priísta Cristina Díaz, de Gobernación, y Alejandro Encinas, de Estudios Legislativos segunda– se congratularon de que el dictamen logró el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Encinas destacó que en la ley se detallan 49 obligaciones para los sujetos obligados, entre ellos los jefes de departamento o el nivel menor equivalente en cada dependencia, así como todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos públicos o realicen actos de autoridad y presten servicios.

Además deberán hacer públicos la remuneración bruta y neta de todos los servidores, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, percepciones, estímulos, ingresos, sistemas de compensación, gastos de representación y viáticos, entre otros.

Se superaron diferencias: PRI

La senadora Cristina Díaz subrayó que esta ley permitirá garantizar a los ciudadanos el acceso pleno al ejercicio de este derecho fundamental. Se lograron superar las diferencias y se acordó la prevalencia de la ley general respecto de otros ordenamientos federales en materia de transparencia. Hubo acuerdo en la apertura de información de violaciones graves a derechos humanos cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente y se avanzó en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de fideicomisos y fondos públicos.

Los senadores Javier Corral, Zoé Robledo y Angélica de la Peña manifestaron que aún puede mejorarse la ley y manifestaron que presentarán reservas cuando se discuta en el pleno.

El senador Escudero dijo a los legisladores que valoraremos sus propuestas y observaciones, haremos otra revisión y algunos ajustes, y valoraremos si debe ser por medio de una reserva o de una adenda, si hay acuerdo de las mesas directivas de las comisiones.

El dictamen quedó ayer en el pleno del Senado en primera lectura y en la sesión del próximo miércoles será discutido y, en su caso, aprobado.